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VIDEO | Juzgado envía a prisión a Tania Elías acusada de intento de homicidio en la Zacamil
San Salvador.— El juzgado Primero de Paz de Mejicanos envió a prisión a Tania Segura Elías, de 25 años, acusada de intento de homicidio en contra de una mujer de 38 años; hecho ocurrido en la colonia Zacamil.
El caso pasará a fase de instrucción y ella deberá permanecer en prisión preventiva. sin embargo, la imputada será sometida a peritaje psiquiátrico y por cáncer, los cuales podrían cambiar la detención provisional por medidas alternas a la prisión, según el abogado Miguel Ángel Flores.
Los delitos por los cuales es procesada la joven son, intento de homicidio, portación y conducción irresponsable de arma de fuego.
Así fue cómo Tania Elías atentó contra la vida de la esposa de su amante
Sobre los hechos, en horas de la noche del viernes 12 de marzo, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió una llamada al 911, donde informaron de disparos con arma de fuego cerca de la zona conocida como Jardines de la Zacamil siempre en el municipio de Mejicanos.
Según la acusación fiscal, Tania se encontraba consumiendo bebidas con Moisés C., compañero de vida de la víctima, cuando ambos fueron sorprendidos por Brenda P. quien al encontrar a su compañero con la joven, con quien supuestamente mantenía un romance, se regresó a su carro.
La víctima fue perseguida por Tania, quien comenzó a gritarle improperios y a decirle que su compañero estaba con ella por lástima, además le dijo que ya sabía dónde vivía y a cual iglesia iba.
Tania Elías le hizo dos disparos, uno le impacto entre el cuello y el hombro y el otro impactó al celular de la víctima. Tras dispararle la agresora intentó huir, pero el compañero de vida de la víctima corrió tras ellas y con la ayuda de otras personas logró detenerla, mientras que lesionada fue trasladada a un centro asistencia.
Al ser detenida a Tania Elías se le decomisó una pistola tipo revolver, marcha Smith Wesson, con dos casquillos, en perfecto funcionamiento, sin que ella contara con matrícula, aunado a ello andaba en estado de ebriedad.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
