Judicial
«Tía Bubu» sin iniciar trabajos de utilidad pública ordenados por juzgado de San Salvador
Regina Cañas, conocida como la “Tía Bubu” aún no inicia los trabajos de utilidad pública a lo que fue condenada ya que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, aún no ha enviado el expediente a un juzgado de vigilancia penitenciaria para que se le dé seguimiento a las 144 jornadas de trabajo de utilidad pública que deberá realizar.
Hasta ayer jueves, el proceso seguía en el juzgado que la condenó el pasado 23 de marzo a tres años, por casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero, delito que admitió en un procedimiento abreviado.
Esa salida alterna al proceso fue autorizada por el juzgado tras un acuerdo que la imputada alanzó con la Fiscalía, previó al pago de $95,000 que fueron sustraídos de Casa Presidencial en la administración de Mauricio Funes.
La Tía Bubu pagó una parte en efectivo $32,200 y con una propiedad valorada en más de $62,000 el dinero que según la Fiscalía, se apropió del erario a través de la simulación de un préstamo a favor de su hijo.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
Judicial
Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños
El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.
La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.
La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
