Judicial
Terreno donde se quemaron documentos y posible evidencia de la PNC está ligado al caso Funes
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Douglas Meléndez, reveló este viernes que el terreno donde se destruyeron abundante posible evidencia de delitos está ligado al caso que se lleva contra el expresidente de la República, Mauricio Funes.
El lugar donde se quemó abundante documentación es conocido como “Shangallito”, debido a que entre 2012 y 2017 fue utilizado por la Policía Nacional Civil (PNC) para depositar vehículos decomisados que fueron utilizados para el cometimiento de crímenes. Este se ubica sobre la antigua calle a Huizúcar, rumbo a la colonia La Cima, en San Salvador.
“Ese inmueble es uno de los que salió vinculado en la investigación contra Mauricio Funes… en este hallazgo aún no tenemos la lectura de lo que ha ocurrido. Todo lo que fue encontrado ahí será sometido a una investigación para determinar de qué se trataba toda esa documentación”, expresó el fiscal general.
Actualmente, la FGR inspeccionara el material que logró salvar de las llamas para determinar su procedencia y si efectivamente se trata de evidencia de crímenes.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Mauricio Funes de apropiarse de $351 millones de fondos públicos durante su mandato como presidente, 2009-2014.
Desde que inició la investigación en su contra, el exmandatario huyó hacia Nicaragua con su grupo familiar donde recibieron asilo político y protección del presidente Daniel Ortega en septiembre de 2016.
Por: El Blog.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
