Judicial
Siete pandilleros extorsionistas han sido condenados a más de 15 años de cárcel en Ahuachapán
Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de esa sede, lograron que siete pandilleros de la MS, que operan en el municipio de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán, fueran condenados por un tribunal a 15 años y seis meses de prisión, por estar acusados del delito de Extorsión Agravada, según explicó el jefe de la sede fiscal Cristóbal Hernández.
Los imputados corresponden al nombre de: Atilio Rafael Solorzano León, Henry Arnoldo Lara Mejía, José Luis Morán Rosas, José Raúl Zelada Corado, Carlos Rafael Amaya Galdámez, Pedro Antonio Pineda Coreas y Alexander Alberto Garcia Rivera; el jefe de la oficina Fiscal manifestó que los pandilleros fueron capturados con orden de detención admirativa girada por la Fiscalía General de la República.
La denuncia fue interpuesta por la víctima, quien se consideraba ofendida por el delito de Extorsión por parte de sujetos desconocidos que se identificaron como miembros de la Mara Salvatrucha de San Francisco Menéndez, los cuales le exigieron la cantidad de US$100.00 semanales, bajo fuertes amenazas a muerte si no entregaba el dinero.
La victima agregó que estos sujetos le dijeron que no diera aviso a la policía, porque entonces más rápido la iban a matar, es por todo lo anterior que la víctima se consideró ofendida y autorizó a la Fiscalía General de la República para el ejercicio de la acción penal correspondiente.
En la Vista Pública, la representación fiscal documentó las investigaciones y al exponer las pruebas en el juicio logró establecer los hechos cometidos por cada uno de los imputados, por lo que el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán impuso una condena de 15 años y seis meses de cárcel, para cada uno de los pandilleros.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
