Judicial
Seguirán suspendidos los plazos administrativos y judiciales hasta el 19 de junio
La Asamblea Legislativa con 68 votos prorrogó los efectos del Decreto Legislativo 649, emitido el 31 de mayo con vigencia de 10 días, el cual contiene la suspensión de los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren; la disposición tendrá una vigencia del 11 al 19 de junio.
Únicamente se excluyen de esta disposición, los plazos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente, las audiencias derivadas de este último; así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar; además de las unidades de acceso e información pública y el Instituto de Acceso a la Información pública.
Entre las razones manejadas en el respectivo decreto es que la actual situación climática, generada por la tormenta Tropical Amanda, ha provocado diversos daños de infraestructura física en viviendas, oficinas, escuelas, carreteras, calles, puentes, y otros, los cuales para su rehabilitación requerirán el tiempo adecuado en la medida que la situación climática lo permita; en consecuencia, muchos servidores públicos se verían imposibilitados de asistir a sus lugares de trabajo por lo que es procedente adoptar estas disposiciones legales que permitirán afrontar tal situación.
En ese sentido, la disposición emitida tiene a la base el artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, que habilita la suspensión de labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar las consecuencia de la situación climática. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión.
No estarán obligados a presentarse los empleados que sean mayores de sesenta años de edad, o que padezcan de enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, o enfermedades inmunodepresoras y mujeres embarazadas.
La prórroga de dicho decreto consiste además en suspender el plazo y celebración de audiencias de la jurisdicción penal común y jurisdicciones especializadas en materia penal.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
