Judicial
Salvadoreña es engañada y prostituida por unos amigos en México: Fingieron su secuestro y familia pagó $1,500
Un salario jugoso, un viaje gratis y regalos para su familia, esas fueron las mentiras que unos hermanos le dieron a una mujer que terminó prostituyéndose para pagar la cuenta de una borrachera con los amigos que desde México inventaron un secuestro para obtener dinero.
Sonia (nombre modificado por seguridad) es la madre de dos niños quien recibía la ayuda desinteresada de Zenaida A., una mujer a quien creía conocer y le tenía mucha confianza, a tal punto de compartir la intimidad de su casa.
Una noche, Zenaida llegó a pasar la noche con Sonia y le explicó que Billy A., su hermano menor, tenía un negocio en el estado de Oaxaca, en México, donde estaba contratando personal para lavar platos y cocinar por 15 días a cambio de $500 diarios.
En un primer momento, Sonia dijo que no estaba interesada, sin embargo, la amiga continuó insistiendo por varios días hasta lograr convencerla y planificar el viaje que fue costeado por la imputada.
La travesía
Según el expediente judicial, la madrugada del 3 de diciembre de 2016, ambas mujeres salieron rumbo a Guatemala donde se subieron en otro autobús que las llevó a la frontera Tecun Umán, paso fronterizo con México.
La víctima notó que su amiga manejaba a la perfección el camino por lo que se sintió segura. Zenaida le comentó que se dedicaba a trasladar personas que deseaban llegar a Estados Unidos y que además estaba acompañada sentimentalmente con Romario, un mexicano que conoció hace muchos años; todo esto era nuevo para Sonia por lo que le pareció extraño.
Se subieron a bordo de una mototaxi que las llevó hasta una embarcación en la que cruzaron el río de una pequeña localidad donde los esperaría Romario con quien se hospedaron en un mesón donde estuvieron hasta que Zenaida se comunicó con su hermano para pedirle $105 y poder llegar a Oaxaca.
Con el dinero retirado de un banco, Romario, Zenaida y Sonia se subieron a un vehículo con destino a un pueblo llamado Matías Romero, en Oaxaca, lugar al que llegaron en horas de la mañana del 5 de diciembre.
Estando ya instalados, Sonia conoció a Billy quien la llevó al lugar donde iba a trabajar que resultó ser una cervecería llamada «Venus Bar» en el que no iba a lavar platos sino que vender cervezas por $2.64 cada una, donde la mitad de la ganancia sería para ella.
A pesar de quedar en evidencia que todo lo prometido por su amiga fue una mentira, Sonia decidió quedarse ya que no tenía dinero para regresar al país.
La coca y la cerveza la convirtieron en prostituta
Luego de tres días de arduo trabajo en el bar, los cuatro salieron a beber unas cervezas a otro bar cercano. Se sentaron alrededor de una pequeña mesa y comenzaron a beber, el lugar era ensordecedor y estaba lleno de personas.
Billy y Zenaida tenían como meta embriagar lo más que pudieran a Sonia quien al estar casi inconsiente recibió una pequeña bolsa con cocaína que tras la insistencia de sus acompañantes inhaló. “Con eso no la vas a pasar ebria y así podrás ir a trabajar mañana y no vas a sentir nada”, le explicó Billy.
Llegado el momento de pagar la cuenta, los involucrados en el caso constataron que no tenían dinero paga pagar las bebidas, pero al fondo del bar vieron a un hombre al que le pidieron les ayudara a solventar su problema.
Mientras Billy le pedía prestado los $184 que necesitaban, el prestamista no le despegaba la vista a Sonia, a quien le terminó ofreciendo la ayuda a cambio de tener relaciones sexuales con ella. El trato fue aceptado por Billy quien llevó a la fuerza a la mujer que terminó en un motel con el desconocido.
Minutos después, Sonia regresó al bar donde la esperaban los demás, no dijo ni una sola palabra. Aquel hombre le entregó a Billy un dinero extra para la mujer a quien este prometió guardárselos mientras le pasaba la borrachera, sin embargo, esto nunca pasó.
El supuesto secuestro
Sonia se despertó a las 10:00 a.m.del día siguiente y en medio de la resaca se dio cuenta que estaba sola, con las puertas cerradas con candados, sin nada que comer y beber se comenzó a desesperar a tal punto de ingerir agua sucia de una pila.
12 horas más tarde, los imputados llegaron acompañados de unos amigos, todos en estado de ebriedad, algo que Sonia aprovechó para salir y buscar algo que comer. Además necesitaba conexión a Internet para comunicarse con su familia en El Salvador.
Una vez en línea, Sonia comenzó a recibir decenas de mensajes de varios familiares que se mostraban preocupados al no tener noticias de su paradero. Inmediatamente la mujer llamó a su casa para aclarar que se encontraba con bien.
“¿Hija, es cierto que usted estás secuestrada?”, fue la primer pregunta que su madre le hizo y que Sonia extrañada contestó que no. “Es que recibimos una llamada de un hombre donde nos dijo que Zenaida y vos estaban secuestradas. Nos pidieron $1,500 por tu rescate. Nosotros ya pagamos.”, le dijo su madre.
El escape
Con el panorama aclarado, la progenitora de Sonia le recomendó que se regresara al país lo más pronto posible, algo que llevó a Sonia a regresar a la casa para sacar sus cosas de manera sigilosa sin que nadie se diera cuenta.
Como última parada en el pueblo, la mujer decidió llegar al bar a contarle todo lo que vivió a una de sus compañeras de trabajo para pedirle que le regalara dinero porque no tenía dinero para regresar a su país.
Fueron $18 los que la llevaron hasta la frontera de México y Guatemala, sin saber que hacer, le comentó lo sucedido a un hombre que viajaba hasta San Vicente, El Salvador, quien se compadecido de ella y le pagó el viaje. En la frontera su familia la estaba esperando luego de varios días de no verlos.
En 2017, medios mexicanos informaron que el bar donde había laborado fue clausurado por las autoridades luego de denuncias de prostitución de menores y acciones irregulares.
De regreso en el país, Sonia vio a los hermanos en Plaza Mundo y por temor a que estos tomaran represarías en su contra decidió denunciarlos.
El caso pasó hasta el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador donde enfrentarán juicio por tráfico ilegal de personas con fines a la prostitución.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
