Judicial
Roberto d´Aubuisson y su concejo serán multados por incumplir orden de reinstalo de empleados despedidos
Un tribunal superior ordenó a la alcaldía de Santa Tecla dar cumplimiento al reinstalo de varios trabajadores que fueron despedidos de esa comuna para permitir que la empresa TECLASEO se hiciera cargo de la recolección de la basura de la cabecera departamental de La Libertad.
La resolución ordena que los empleados sean reubicados en sus antiguos puestos o en su efecto en otros de mayor jerarquía, como también hacer efectivo el pago de salarios no devengados mientras siguieron su proceso judicial de aproximadamente dos años.
El martes 31 de julio del 2018 unos 150 empleados del departamento de recolección de la basura fueron despedidos luego que la alcaldía de Santa Tecla y la empresa colombiana INTERASEO S.A.S E.S.P. le dieran vida a TECLASEO.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter: “Se me informa en este momento por trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla, la notificación del tribunal. 1- Dan por incumplida la sentencia de reinstalos; 2- Ordenan al director ejecutar de inmediato la sentencia; y 3- Se inicia trámite sancionatorio contra d’Aubuisson y su Concejo”.
En esa misma línea recalcó con otro tuit: “Creo esto esperaba la Fiscalía para actuar, insisto que en cualquier parte del mundo no cumplir orden judicial es un delito grave y d’Aubuisson y su Concejo Municipal ya estuvieran tras las rejas, esperemos ya mañana en base a esta resolución proceda la Fiscalía”.
En los últimos días el Ministro de Trabajo interpuso en las últimas semanas dos avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda contra del alcalde d´Aubuisson y su concejo municipal.
De igual forma, Castro ha denunciado en reiteradas ocasiones las actuaciones pasivas que ha tenido la Fiscalía General de la República con este caso e incluso manifiesta que si esta situación fuera en otro país todos los involucrados estarían en prisión.
El alcalde Roberto d´Aubuisson también fue demandado por SITRAMSAT por no entregar las retenciones de cuota sindicales y pese a que fue enviado a la fase de instrucción, este no ha cancelados las cuotas.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
