Judicial
Roberto d´Aubuisson y su concejo serán multados por incumplir orden de reinstalo de empleados despedidos
Un tribunal superior ordenó a la alcaldía de Santa Tecla dar cumplimiento al reinstalo de varios trabajadores que fueron despedidos de esa comuna para permitir que la empresa TECLASEO se hiciera cargo de la recolección de la basura de la cabecera departamental de La Libertad.
La resolución ordena que los empleados sean reubicados en sus antiguos puestos o en su efecto en otros de mayor jerarquía, como también hacer efectivo el pago de salarios no devengados mientras siguieron su proceso judicial de aproximadamente dos años.
El martes 31 de julio del 2018 unos 150 empleados del departamento de recolección de la basura fueron despedidos luego que la alcaldía de Santa Tecla y la empresa colombiana INTERASEO S.A.S E.S.P. le dieran vida a TECLASEO.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter: “Se me informa en este momento por trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla, la notificación del tribunal. 1- Dan por incumplida la sentencia de reinstalos; 2- Ordenan al director ejecutar de inmediato la sentencia; y 3- Se inicia trámite sancionatorio contra d’Aubuisson y su Concejo”.
En esa misma línea recalcó con otro tuit: “Creo esto esperaba la Fiscalía para actuar, insisto que en cualquier parte del mundo no cumplir orden judicial es un delito grave y d’Aubuisson y su Concejo Municipal ya estuvieran tras las rejas, esperemos ya mañana en base a esta resolución proceda la Fiscalía”.
En los últimos días el Ministro de Trabajo interpuso en las últimas semanas dos avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda contra del alcalde d´Aubuisson y su concejo municipal.
De igual forma, Castro ha denunciado en reiteradas ocasiones las actuaciones pasivas que ha tenido la Fiscalía General de la República con este caso e incluso manifiesta que si esta situación fuera en otro país todos los involucrados estarían en prisión.
El alcalde Roberto d´Aubuisson también fue demandado por SITRAMSAT por no entregar las retenciones de cuota sindicales y pese a que fue enviado a la fase de instrucción, este no ha cancelados las cuotas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
