Judicial
Roberto d´Aubuisson y su concejo serán multados por incumplir orden de reinstalo de empleados despedidos
Un tribunal superior ordenó a la alcaldía de Santa Tecla dar cumplimiento al reinstalo de varios trabajadores que fueron despedidos de esa comuna para permitir que la empresa TECLASEO se hiciera cargo de la recolección de la basura de la cabecera departamental de La Libertad.
La resolución ordena que los empleados sean reubicados en sus antiguos puestos o en su efecto en otros de mayor jerarquía, como también hacer efectivo el pago de salarios no devengados mientras siguieron su proceso judicial de aproximadamente dos años.
El martes 31 de julio del 2018 unos 150 empleados del departamento de recolección de la basura fueron despedidos luego que la alcaldía de Santa Tecla y la empresa colombiana INTERASEO S.A.S E.S.P. le dieran vida a TECLASEO.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter: “Se me informa en este momento por trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla, la notificación del tribunal. 1- Dan por incumplida la sentencia de reinstalos; 2- Ordenan al director ejecutar de inmediato la sentencia; y 3- Se inicia trámite sancionatorio contra d’Aubuisson y su Concejo”.
En esa misma línea recalcó con otro tuit: “Creo esto esperaba la Fiscalía para actuar, insisto que en cualquier parte del mundo no cumplir orden judicial es un delito grave y d’Aubuisson y su Concejo Municipal ya estuvieran tras las rejas, esperemos ya mañana en base a esta resolución proceda la Fiscalía”.
En los últimos días el Ministro de Trabajo interpuso en las últimas semanas dos avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda contra del alcalde d´Aubuisson y su concejo municipal.
De igual forma, Castro ha denunciado en reiteradas ocasiones las actuaciones pasivas que ha tenido la Fiscalía General de la República con este caso e incluso manifiesta que si esta situación fuera en otro país todos los involucrados estarían en prisión.
El alcalde Roberto d´Aubuisson también fue demandado por SITRAMSAT por no entregar las retenciones de cuota sindicales y pese a que fue enviado a la fase de instrucción, este no ha cancelados las cuotas.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
