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VIDEO | José María Tojeira, liga a diputado Rodolfo Paker en masacre de sacerdotes jesuitas y solicita a la FGR pronta investigación

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El nombre del abogado y ahora diputado por el partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, sonó por segundo día consecutivo en el juicio que se lleva en España por la muerte de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas (UCA), hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1984.

En el juicio que se reliza en la Audiencia Nacional de España, y que señala directamente al exministro de Justicia y Seguridad, coronel Inocente Orlando Monterrosa, el padre José María Tojeira, hoy exrector de la UCA, mencionó a Rodolfo Parker como presunto encubridor de la masacre contra los sacerdotes jesuitas al interior del campus universitario.  

Tojeira señala al diputado del PDC de haber cometido al menos tres graves delitos como posible encubridor del hecho los cuales serían: Lesa Humanidad (delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización), Complicidad ​​​(persona que es responsable penal de un delito o falta pero no por haber sido el autor directo del mismo, sino por haber cooperado a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, Fraude procesal (el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público) y Obstrucción a la información (aquel que intervine en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones).

“Cuando yo estaba acusando de encubridor al licenciado Parker, él llegó a mi despacho en la rectoría de la universidad, cuando yo ya era rector de la universidad, y me dijo que él no había encubierto” al alto mando de la Fuerza Armada de ese momento, testificó el jueves José María Tojeira.

El exrector de la UCA también mencionó que Rodolfo Parker “me dio unas razones que a mí me confirmaron de que sí había encubierto”, aseguró Tojeira en su declaración bajo juramento, en referencia a las acciones del hoy diputado para proteger al alto mando de la Fuerza Armada para que los miembros del Estado Mayor no fueran llevados a los juzgados por ordenar la masacre de los sacerdotes jesuitas.

José María Tojeira dijo que en ese momento Rodolfo Parker le contó que un teniente de la Comisión de Honor, al final de un interrogatorio, le reveló que el coronel Guillermo Alfredo Benavides le aseguró que tenían luz verde del Estado Mayor para cometer la masacre.

“Entonces él (Rodolfo Parker) se asustó, no tenía acceso al presidente Cristiani y llamó a un cuñado del presidente Cristiani, Roberto Jack, para consultarle y este señor Roberto Jack le dijo: ‘mañana voy a desayunar con el presidente Cristiani, véngase conmigo y le cuenta’”, continuó declarando el padre Tojeira lo que discutieron con el parlamentario del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en ese momento en su oficina.

Esa reunión con el presidente Cristiani se produjo, y el diputado Parker reveló todo lo que sabía de la masacre de los jesuitas, luego el entonces presidente “le dijo: ‘cuénteselo a la Comisión de Honor’. Y me dijo Parker que le había dicho a la Comisión de Honor, pero que la Comisión de Honor había decidido no mencionar esa frase”, continuó testificando José María Tojeira.

El ahora director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) agregó que el diputado Parker se justificó argumentando que “él no había encubierto porque él se lo había dicho a la Comisión (de Honor), pero yo le decía ¿Y por qué no lo decía al juez? Pero ahí ya no me contestó”, acotó José María Tojeira reiterando que dicha conversación revela que Rodolfo Parker encubrió al alto mando de la Fuerza Armada, suficientes razones para iniciar procesos de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el parlamentario.

Esto se suma a la declaración que el pasado miércoles hiciera el teniente Yusshy Mendoza, quien también manifestó que Rodolfo Parker su declaración extrajudicial ante la Comisión de Honor, razones suficientes para que el fiscal general de la República, Raúl Melara, realice una investigación exhaustiva contra el diputado pedecista, creen expertos del derecho en El Salvador.

La derogatoria de la Ley de Amnistía en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional, ha permitido que algunos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra estén siendo conocidos en los tribunales, como es el caso del capitán Álvaro Saravia, acusado de participar en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980. En octubre de 2018 el juez Cuarto de Instrucción solicitó la difusión roja para el capital Saravia.

En su momento Tutela Legal consideró que la fiscalía debió impulsar una investigación para dar con los autores intelectuales y financistas del asesinato de Romero. La entidad lamentó que el ministerio público no ha querido presentar documentación como los archivos de la Comisión de la Verdad y copia de los documentos del proceso civil que enfrentó Saravia en el juicio en Fresno California, Estados Unidos, las cuales allanaron el camino para dar con los autores intelectuales.

Otros testigos que han desfilado con sus testimonios en el juicio fueron los esposo Lucía de Cerna y su esposo Jorge Cerna ante la Audiencia Nacional Española, Lucía dijo que el FBI los tuvo varios días desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, interrogándoles.

Ambos confirmaron que les cuestionaron sobre los hechos que ellos habían visto.

“Ellos querían que dijéramos que nosotros nunca habíamos estado en ese cuarto (frente a la UCA) sino que estábamos ese día y esa noche nosotros estábamos en Soyapango”, dijo Jorge Cerna en el juicio contra el excoronel Montano.

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Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”

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A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.

Tres citas clave de Reynaldo Alvergue

  1. Sobre la posibilidad de renovación
“La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
  2. Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial
“Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
  3. Sobre el fallo judicial de inicios de agosto
“Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.

Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.

Contexto y situación actual del TPS

El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.

Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.

En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:

  • El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
  • El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.

¿Qué sigue?

La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.

La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.

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Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador

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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.

Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.

Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.

De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.

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PNC captura a sujeto que tenía dos órdenes de captura en Santa Rosa de Lima

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.

De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.

La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.

El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.

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