Judicial
Reprograman juicio a familia Flores Batres por lavado de $12.5 millones
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador reprogramó por segunda ocasión la audiencia de vista pública contra ocho integrantes de la familia Flores Batres acusados de lavado de dinero por un monto que supera los $12.5 millones.
Dicha audiencia estaba programada para que se desarrollada la mañana de este lunes 13 de noviembre en la sala 4-A del centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, pero fue suspendida debido a que el abogado defensor no se presentó por estar atendiendo diligencias en los juzgados de San Miguel, según informaron fuentes oficiales.
Los integrantes de esta familia, originarios de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de no justificar la procedencia de $12,583,000, los cuales entre ellos se habían estado transfiriendo por medio de diversas transferencias y montos para desviar la atención de las autoridades.
Las investigaciones fiscales surgieron cuando la institución obtuvo información de que los salvadoreños Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez efectuaron una transacción por $196,500, hacia Lima, Perú, nación a la cual, según lo señalado, también trasladaron elevados montos en efectivo.
De igual manera, al resto de integrantes les fue detectado productos financieros y movimientos bancarios significativos a diferentes entidades financieras.
Las investigaciones en el sistema bancario comprende el período del año 2004 al 2015; se estableció que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados entre el 2008 al 2014.
Los sospechosos han sido identificados por las autoridades como: Jaime Adalberto Flores Batres, Rosa Delmy Amaya Márquez, María Verónica Rodríguez Rivera, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores, Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez.
Los procesados fueron absueltos en septiembre de 2022 por el Tribunal Tercero de Sentencia; no obstante, esta decisión quedó sin efecto luego que la Cámara Tercera de lo Penal ordenara nuevo juicio.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
