Judicial
Reprograman juicio a familia Flores Batres por lavado de $12.5 millones
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador reprogramó por segunda ocasión la audiencia de vista pública contra ocho integrantes de la familia Flores Batres acusados de lavado de dinero por un monto que supera los $12.5 millones.
Dicha audiencia estaba programada para que se desarrollada la mañana de este lunes 13 de noviembre en la sala 4-A del centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, pero fue suspendida debido a que el abogado defensor no se presentó por estar atendiendo diligencias en los juzgados de San Miguel, según informaron fuentes oficiales.
Los integrantes de esta familia, originarios de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de no justificar la procedencia de $12,583,000, los cuales entre ellos se habían estado transfiriendo por medio de diversas transferencias y montos para desviar la atención de las autoridades.
Las investigaciones fiscales surgieron cuando la institución obtuvo información de que los salvadoreños Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez efectuaron una transacción por $196,500, hacia Lima, Perú, nación a la cual, según lo señalado, también trasladaron elevados montos en efectivo.
De igual manera, al resto de integrantes les fue detectado productos financieros y movimientos bancarios significativos a diferentes entidades financieras.
Las investigaciones en el sistema bancario comprende el período del año 2004 al 2015; se estableció que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados entre el 2008 al 2014.
Los sospechosos han sido identificados por las autoridades como: Jaime Adalberto Flores Batres, Rosa Delmy Amaya Márquez, María Verónica Rodríguez Rivera, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores, Rosa Batres Viuda de Flores y María Brígida Márquez.
Los procesados fueron absueltos en septiembre de 2022 por el Tribunal Tercero de Sentencia; no obstante, esta decisión quedó sin efecto luego que la Cámara Tercera de lo Penal ordenara nuevo juicio.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
