Judicial
Quijano no se presenta a juzgado donde se ventila caso por presunto fraude electoral y agrupaciones ilícitas
Norman Quijano mantuvo siempre que “era inocente” de las acusaciones de que negoció con grupos criminales, y que enfrentaría la justicia para demostrarlo, “porque tengo mi conciencia tranquila y soy respetuoso de la ley”, dijo
Sin embargo, a la audiencia que fue citado hoy en el juzgado 7º. de Paz de San Salvador, no se presentó. En su lugar envió a su abogado Samuel Flores para conocer las acusaciones. Trascendió que será procesado por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Quijano, siguiendo el guion muletilla de todos los funcionarios que han cometido delitos, se declara “perseguido político”, aún teniendo en su contra testimonios, videos y audios donde aparece haciendo negocios con las pandillas a cambio de votos para ser presidente de la república en 2014.
Según las investigaciones fiscales, Quijano tuvo la colaboración directa del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, quien también aparece en los videos en reuniones con las pandillas.
El exdiputado arenero fue protegido por la Asamblea Legislativa que comandaban Arena, Fmln y Rodolfo Parker, quienes no le quitaron el fuero como lo solicitó la Fiscalía en su momento. Abogados confirman que se sentía protegido además por los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional.
Ahora que ya no tiene aliados, prefirió declarase perseguido, como los prófugos Mauricio Funes y Sigfrido Reyes.
Quijano por su parte, y quién se encuentra fuera del país, reaccionó sobre las acusaciones del ministerio público al escribir en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2025, ha girado 2,648 órdenes de captura en el departamento de San Salvador por los delitos de estafa, hurto informático y estafa agravada. Las autoridades alertan sobre nuevas modalidades que han cobrado fuerza en el país, como las estafas por «likes de YouTube» y el hackeo de cuentas de WhatsApp.
En el caso de los “likes de YouTube”, las víctimas son engañadas con la promesa de generar ingresos por dar «me gusta» a videos. Para continuar ganando, se les solicita realizar pagos, cayendo en la estafa. En la segunda modalidad, los delincuentes suplantan a WhatsApp mediante llamadas y mensajes falsos para obtener los códigos de verificación de las víctimas, con lo que toman el control de las cuentas y se hacen pasar por los afectados para pedir dinero a sus contactos.
Además, cinco extranjeros —cuatro venezolanos y un ecuatoriano— fueron capturados por crear una empresa ficticia llamada Venicars, con la que ofrecían supuestos créditos y planes de financiamiento para vehículos importados. Las víctimas depositaban entre $5,000 y $10,000, pero nunca recibían los autos ni reembolso alguno. Según la FGR, más de 1,500 personas denunciaron haber sido estafadas por esta red, con un perjuicio económico que asciende a $2.5 millones. A los acusados se les congelaron cuentas por más de $800,000 y enfrentan cargos por estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
En 2024, la Fiscalía logró condenas contra al menos 400 personas por casos de estafa a nivel nacional. Las investigaciones continúan.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se decretó instrucción formal contra Érik Alexander Mejía Alfaro, acusado de atacar con un corvo a su pareja, causándole la amputación de ambas manos. El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo en el cantón El Socorro, distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Según la FGR, la víctima ya era sometida a violencia física y psicológica por parte del imputado. El día del ataque, Mejía Alfaro la siguió hasta su vivienda, donde la golpeó brutalmente antes de agredirla con el arma blanca. La mujer intentó defenderse con las manos, lo que derivó en la grave lesión.
Tras cometer el crimen, el agresor huyó, pero fue capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó su detención.
Mejía Alfaro enfrenta cargos por feminicidio agravado en grado de tentativa. Además, durante la audiencia inicial se le notificó un nuevo cargo por amenazas agravadas contra los dos hijos menores de la víctima, quienes también fueron intimidados con el arma blanca el día del ataque.
El caso será tramitado por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, con sede en Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jaqueline Carolina Cruz Martínez a 57 años de prisión por delitos cometidos en perjuicio de sus tres hijos. La mujer recibió una pena de 45 años por el homicidio agravado de su hija de 5 años, y 12 años adicionales por el abandono y maltrato de sus otros dos hijos menores de edad.
Durante el juicio, también fue procesado Carlos Francisco Sosa Pérez, pareja de Cruz Martínez, quien fue hallado culpable por comisión por omisión en los delitos de abandono, desamparo y maltrato infantil. El tribunal le impuso una condena total de 12 años de prisión, con tres años por cada menor y por cada delito.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 25 de abril de 2024, en el distrito de San Martín, donde la niña murió en su vivienda a causa de múltiples golpes propinados por su madre.
El Ministerio Público logró sustentar los hechos mediante pruebas documentales, periciales y testimoniales, las cuales demostraron que los tres menores eran víctimas frecuentes de maltrato y negligencia por parte de los acusados.
