Judicial
Prisión para pandilleros que exigían $300 a su víctima a cambio de no asesinarla
De acuerdo con Centros Judiciales, el Tribunal 2º de Sentencia de Sonsonate realizó vista pública contra Erick Ezequiel Barillas Shupán, de 23 años de edad; Pedro Ernesto Ishio García, de 34; y Óscar Armando Escobar Garay, de 19, procesados por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de una víctima.
A través de las pruebas presentadas por la FGR, a los sujetos se les impuso la pena de 15 años de prisión para cada uno, por lo que se ordenó que continúen en la detención en que se encuentran.
Asimismo, se les impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta de los derechos de ciudadano por igual período de tiempo.
La Fiscalía detalló que los hechos que fueron objeto de análisis en juicio iniciaron, según la acusación fiscal, el 14 de noviembre del año 2020, en el cantón Cuntán, del municipio de Izalco, en Sonsonate, cuando la víctima se desplazaba por el lugar y los acusados, quienes se identificaron como miembros de estructuras terroristas, le exigieron la cantidad de $300 dólares a cambio de dejarla trabajar en la zona y no atentar contra su vida.
La víctima les dijo que en ese momento no tenía el dinero, pero que pagaría en otra fecha, amenazando los sujetos que si incumplía, la asesinarían.
Ante este hecho, el 16 de noviembre del mismo año, los imputados, utilizando armas de fuego, interceptaron a la víctima nuevamente en la calle principal del mismo cantón, exigiéndole la misma cantidad que dos días atrás, por lo que por temor, la persona afectada les entregó el dinero.
Posteriormente, interpuso la denuncia y se hicieron las respectivas investigaciones que permitieron identificar y capturar a los delincuentes.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
