Judicial
Presidente de la CSJ asegura que suspensión de plazos judiciales y procesales deben suspenderse por ley de emergencia, ante opinión de juez Antonio Durán
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas insistió en una misiva enviada a la Asamblea Legislativa, la necesidad de suspensión de los plazos administrativos judiciales y procesales mientras dure la vigencia de la ley de emergencia o cuarentena por COVID-19.
La propuesta del presidente de la CSJ, surge luego que el juez Antonio Durán emitiera una opinión en su cuenta de Facebook, en la cual contradice los últimos pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional, así como la disposición transitoria de suspensión de plazos administrativos judiciales y procesales.
La opinión de Durán no ha sido bien vista por el sector jurídico del país teniendo en cuenta que él, ejerce como juez interino y crea graves condiciones que rompe el estado de derecho, así como también incertidumbre a los derechos humanos de las personas que están siendo judicializadas, pues no tienen clara su estado procesal.
Para el presidente del Órgano Judicial, la detención de los plazos es necesaria por estar dentro de la mencionada ley: “lo cual por criterios técnicos no permitiría, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”.
La opinión del juez Durán provocó preocupación y confusión en abogados litigantes, quienes ante las dificultades de movilización consideraron peligroso que el razonamiento de Durán fuera el mismo de todo el sistema judicial, pues éstos están corriendo desde el lunes 25 de mayo).
“Los jueces no podemos suspender los plazos judiciales en cada caso concreto”, escribió el juez Durán en su momento.
Sin embargo, CSJ emitió su postura oficial en la que señala que los plazos judiciales, procesales y administrativos deben mantenerse durante el tiempo que dure la cuarentena.
“Me pronuncio en carácter personal, que la suspensión de los plazos judiciales y administrativos, es necesaria al estar dentro de la vigencia de un decreto de emergencia o cuarentena, que en virtud de criterios técnicos no permitiera, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”, asegura Pineda Navas en la carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.
El parlamento consultó a la Corte Suprema de Justicia si consideraban necesario que se emitieran disposiciones en el sentido de mantener la suspensión de los plazos, a lo que Navas respondió de manera categoría que sí es necesario mantener la vigencia de la suspensión.
“Por lo anterior, tendrá que ser dentro de un decreto de emergencia que emitiera esa Asamblea, en el que se incorpore la Suspensión de los plazos judiciales y administrativos, por el tiempo de vigencia del referido cuerpo de ley, de conformidad a los parámetros dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, finaliza la nota que contiene la firma del presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
