Judicial
Presidente de la CSJ asegura que suspensión de plazos judiciales y procesales deben suspenderse por ley de emergencia, ante opinión de juez Antonio Durán
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas insistió en una misiva enviada a la Asamblea Legislativa, la necesidad de suspensión de los plazos administrativos judiciales y procesales mientras dure la vigencia de la ley de emergencia o cuarentena por COVID-19.
La propuesta del presidente de la CSJ, surge luego que el juez Antonio Durán emitiera una opinión en su cuenta de Facebook, en la cual contradice los últimos pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional, así como la disposición transitoria de suspensión de plazos administrativos judiciales y procesales.
La opinión de Durán no ha sido bien vista por el sector jurídico del país teniendo en cuenta que él, ejerce como juez interino y crea graves condiciones que rompe el estado de derecho, así como también incertidumbre a los derechos humanos de las personas que están siendo judicializadas, pues no tienen clara su estado procesal.
Para el presidente del Órgano Judicial, la detención de los plazos es necesaria por estar dentro de la mencionada ley: “lo cual por criterios técnicos no permitiría, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”.
La opinión del juez Durán provocó preocupación y confusión en abogados litigantes, quienes ante las dificultades de movilización consideraron peligroso que el razonamiento de Durán fuera el mismo de todo el sistema judicial, pues éstos están corriendo desde el lunes 25 de mayo).
“Los jueces no podemos suspender los plazos judiciales en cada caso concreto”, escribió el juez Durán en su momento.
Sin embargo, CSJ emitió su postura oficial en la que señala que los plazos judiciales, procesales y administrativos deben mantenerse durante el tiempo que dure la cuarentena.
“Me pronuncio en carácter personal, que la suspensión de los plazos judiciales y administrativos, es necesaria al estar dentro de la vigencia de un decreto de emergencia o cuarentena, que en virtud de criterios técnicos no permitiera, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”, asegura Pineda Navas en la carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.
El parlamento consultó a la Corte Suprema de Justicia si consideraban necesario que se emitieran disposiciones en el sentido de mantener la suspensión de los plazos, a lo que Navas respondió de manera categoría que sí es necesario mantener la vigencia de la suspensión.
“Por lo anterior, tendrá que ser dentro de un decreto de emergencia que emitiera esa Asamblea, en el que se incorpore la Suspensión de los plazos judiciales y administrativos, por el tiempo de vigencia del referido cuerpo de ley, de conformidad a los parámetros dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, finaliza la nota que contiene la firma del presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
