Judicial
Planeó el asesinato de su hermana para cobrar un seguro de $100 mil dolares pero se llevo una gran sorpresa
La joven Yeimy Guadalupe Gómez fue asesinada a balazos el pasado 13 de mayo de 2017 en cercanías del centro recreativo El Cafetalón, de la ciudad de Santa Tecla cuando se transportaba a bordo de un taxi.
Por este crimen, las autoridades acusan al hermano de la víctima de nombre Carlos Gómez Menjívar, quien habría planificado el asesinato junto con un compañero de trabajo para cobrar un seguro de vida de $100 mil.
Sin embargo, durante el juicio que se desarrolla en el Juzgado Especializado para una vida libre de Violencia contra la Mujer, la defensa asegura que sorpresivamente Carlos Gómez no pudo cobrar el seguro, algo que lo beneficia en el juicio en su contra.
Las autoridades sostienen que Gómez planificó el asesinato de su hermana para cobrar el dinero, y para cometer el crimen contrato a Juan Francisco García López; sujeto que fue captado por las cámaras de seguridad de Santa Tecla huyendo de la escena en una motocicleta y posteriormente cambiándose la camisa en un centro comercial.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirma tener suficientes pruebas que incriminan al hermano de la víctima, entre ellas las bitácoras de llamada de celulares que utilizaron el día y hora del crimen.
Asimismo, se han certificado las entradas y salidas de trabajo de ambos implicado, así como el tiempo que utilizaron para planificar el hecho de sangre.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
