Judicial
Pandilleros eliminan a 4 de sus compinches al interior del penal de Quezaltepeque, víctimas eran homosexuales
A 30 años de prisión fueron condenados 22 pandilleros por matar a reos homosexuales en el penal de Quezaltepeque en La Libertad.
Los procesados eran 32 pandilleros, sin embargo el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador absolvió a 12 de ellos debido a que un testigo no quiso declarar en un cuarto homicidio alegando que ya no estaba interesado en rendir su declaración.
Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2019 en el interior del penal, cuando los condenados mataron a cuatro de sus compinches en diferentes celdas del mismo día, debido a una pugna en el interior de la pandilla.
Uno de los testigos con régimen de protección relató la forma en que fue asesinado Jonathan Martínez Amaya en el módulo «C» de la celda seis. En su declaración dijo que 10 de los procesados lo mataron porque Martínez presentaba comportamientos homosexuales y esto era considerado una falta dentro de la pandilla.
Otro de los testigos declaró durante la vista pública sobre la muerte de José Ricardo García, que fue asesinado en el módulo «B» de la celda cuatro porque lo señalaron de violar a una mujer cuando estaba libre.
El tercer asesinado fue Joel Méndez Jovel en el módulo «B» en la celda 2. Según lo declarado por otro testigo, le dieron muerte porque lo encontraron realizando actos homosexuales, lo cual para la estructura criminal también es una falta que se paga con la muerte.
Sobre el cuarto muerto en esa ocasión no se llevó a cabo la diligencia por la negativa de declarar del testigo.
El juicio se realizó la mañana del martes en el el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
