Judicial
Pandilleros eliminan a 4 de sus compinches al interior del penal de Quezaltepeque, víctimas eran homosexuales
A 30 años de prisión fueron condenados 22 pandilleros por matar a reos homosexuales en el penal de Quezaltepeque en La Libertad.
Los procesados eran 32 pandilleros, sin embargo el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador absolvió a 12 de ellos debido a que un testigo no quiso declarar en un cuarto homicidio alegando que ya no estaba interesado en rendir su declaración.
Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2019 en el interior del penal, cuando los condenados mataron a cuatro de sus compinches en diferentes celdas del mismo día, debido a una pugna en el interior de la pandilla.
Uno de los testigos con régimen de protección relató la forma en que fue asesinado Jonathan Martínez Amaya en el módulo «C» de la celda seis. En su declaración dijo que 10 de los procesados lo mataron porque Martínez presentaba comportamientos homosexuales y esto era considerado una falta dentro de la pandilla.
Otro de los testigos declaró durante la vista pública sobre la muerte de José Ricardo García, que fue asesinado en el módulo «B» de la celda cuatro porque lo señalaron de violar a una mujer cuando estaba libre.
El tercer asesinado fue Joel Méndez Jovel en el módulo «B» en la celda 2. Según lo declarado por otro testigo, le dieron muerte porque lo encontraron realizando actos homosexuales, lo cual para la estructura criminal también es una falta que se paga con la muerte.
Sobre el cuarto muerto en esa ocasión no se llevó a cabo la diligencia por la negativa de declarar del testigo.
El juicio se realizó la mañana del martes en el el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
