Judicial
Pandilleros de la MS son condenados a penas de 30 y 26 años por homicidio, privación de libertad y agrupaciones
Juan Antonio Álvarez Pérez, José Gerardo Martínez Álvarez, Santos Alberto Torres Martínez, Edgar Ovidio Tobar Martínez, Ronald Amílcar Tobar Martínez, fueron condenados a penas de prisión de hasta 30 años por haber privado de libertad y asesinar a Rodrigo Alexander Nájera, quien se rehusaba a colaborar con los pandilleros.
Según consta en la bitácora de los hechos, en una ocasión previa a su asesinato, la víctima había sido lesionado en el municipio de Guaymango departamento de Ahuachapán; luego se dio el segundo ataque en el cantón El Sálamo del municipio de Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate; en este encuentro, los terroristas le quitaron la vida.
La investigación logró establecer que los terroristas le quitaron la vida porque la víctima se resistía a colaborar con dicha estructura.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la culpabilidad de los cinco sujetos y las condenas impuestas fueron las siguientes:
José Gerardo Martínez Álvarez fue sentenciado a 30 años de cárcel, por el delito de Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Privación de Libertad; a Juan Antonio Álvarez Pérez se le condenó a 26 años de prisión por haber cometido los delitos de Homicidio Agravado y Agrupaciones Ilícitas.
Mientras que a Santos Alberto Torres Martínez, Edgar Ovidio Tobar Martínez y Ronald Amílcar Tobar Martínez se les impuso un castigo de cuatro años de cárcel por Agrupaciones Ilícitas.
El homicidio fue cometido el día 26 de abril del año 2018.
El juicio se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
