Judicial
Pandillero es condenado a 33 años de cárcel por el asesinato de su padre
Terrorista miembro de la pandilla 18 Sureños, Marvin Adalberto López Cortés, alias “Combac”, de 21 años de edad, fue condenado a cumplir 33 años seis meses de cárcel, por un tribunal, al encontrarlo culpable del homicidio de su padre Julio Adalberto López Sánchez, de 57 años de edad; hecho ocurrido el 28 de noviembre de 2017, en la Colonia Buenavista, del Cantón Cangrejera, municipio Izalco, departamento de Sonsonate.
El jefe de la oficina fiscal de Sonsonate, Ernesto López, explicó que el imputado fue capturado en flagrancia, e identificado como Marvin Adalberto López Cortés alias “Combac”; quien es hijo de la víctima; terrorista miembro de la pandilla 18 Sureños, llevado a Vista Pública el 26 de septiembre de 2018, al Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, acusado del delito de Homicidio Agravado.
Durante la audiencia los fiscales de La Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física, hicieron desfilar las pruebas de tipo documental, pericial y contando con la declaración del testigo con régimen de protección clave “Escorpión”; la deposición del médico forense con quien se estableció la causa de la muerte; deposición del perito balístico forense, quien practico informe pericial con el que se establece cuantas armas participaron en el hecho; inspección del lugar de los hechos, entre otras; dejando claramente establecida la participación del procesado en el Homicidio Agravado de Julio Adalberto López Sánchez.
Al final de la audiencia el tribunal decretó una sentencia de carácter condenatorio en contra del imputado Marvin Adalberto López Cortez, de una pena privativa de libertad de 33 años con seis meses, por el delito de Homicidio Agravado.
Consta en el expediente que los hechos se originaron en momentos en que Julio Adalberto López Sánchez, se dirigía en una calle polvosa de la colonia Bella Vista, del cantón Cangrejera del municipio de Izalco, donde cuatro sujetos con aspecto de pandilleros, portando arma de fuego le dieron persecución; y tres de los cuatro sujetos lo atacaron por sorpresa quitándole la vida, cuando este cayó al suelo lo despojaron de sus pertenencias, entre ellas un arma de fuego tipo revolver y una chumpa que andaba puesta, dándose posteriormente a la fuga.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
