Judicial
Ocho pandilleros de la 18 reciben condenas de 28 y 220 años cárcel
Ocho terroristas de la pandilla 18 que delinquían en Cojutepeque y San Pedro Perulapán, Cuscatlán fueron sentenciados a penas de 28 años hasta 220 años de prisión.
Los imputados pertenecen a la estructura Shadows Parks Locos Sureños de la pandilla Barrio 18, y operaban en diferentes barrios y colonias de los referidos municipios.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los imputados fueron encontrados responsables penalmente por siete casos de homicidio agravado, organizaciones terroristas, dos casos de intento de homicidio y agrupaciones ilícitas.
Los crímenes fueron cometidos entre el año 2008 al 2015, en las colonias Vista al Lago, Santa Clara, Franco, La Fuente, El Progreso, Bellavista, El Calvario, El Huerto y otras de Cojutepeque, así como en los cantones Cujuapa y La Palma I, y otros hechos los perpetraron en el municipio de Santa Cruz Analquito.
Una de las condenas más grandes cayó sobre Erick Geovanny Martínez Herrera, alias Piojo o Jonster, quien fue condenado a 220 años por siete casos de homicidios, un caso de privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
A José Nery Herrera Bonifacio, alias Baby, se le impuso sentencia condenatoria de 205 años por cinco casos de homicidios, un proceso por privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Mientras que Felipe Antonio Alfaro Lara fue sentenciado a 195 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, casos de homicidios y uno de privación de libertad.
Felipe Antonio Alfaro Lara, alias Felipón, fue sentenciado a 195 años de prisión, y Francisco Javier Aguilar Ramírez, alias Shagui o Centinela, obtuvo sentencia condenatoria de 174 años, por agrupaciones ilícitas y seis casos de homicidio.
José Manuel Martínez Rivera, alias Sailor, fue encontrado responsable penalmente por un caso de homicidio y agrupaciones ilícitas, por lo que debe purgar 49 años en la cárcel. Además, se reporta la condena de Isabel Wilfredo Ramírez a 28 años de prisión por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas. El resto de los involucrados fueron condenados a otras penas por delitos como agrupaciones ilícitas y tenencia Ilegal de arma.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
