Judicial
Ocho pandilleros de la 18 reciben condenas de 28 y 220 años cárcel

Ocho terroristas de la pandilla 18 que delinquían en Cojutepeque y San Pedro Perulapán, Cuscatlán fueron sentenciados a penas de 28 años hasta 220 años de prisión.
Los imputados pertenecen a la estructura Shadows Parks Locos Sureños de la pandilla Barrio 18, y operaban en diferentes barrios y colonias de los referidos municipios.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los imputados fueron encontrados responsables penalmente por siete casos de homicidio agravado, organizaciones terroristas, dos casos de intento de homicidio y agrupaciones ilícitas.
Los crímenes fueron cometidos entre el año 2008 al 2015, en las colonias Vista al Lago, Santa Clara, Franco, La Fuente, El Progreso, Bellavista, El Calvario, El Huerto y otras de Cojutepeque, así como en los cantones Cujuapa y La Palma I, y otros hechos los perpetraron en el municipio de Santa Cruz Analquito.
Una de las condenas más grandes cayó sobre Erick Geovanny Martínez Herrera, alias Piojo o Jonster, quien fue condenado a 220 años por siete casos de homicidios, un caso de privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
A José Nery Herrera Bonifacio, alias Baby, se le impuso sentencia condenatoria de 205 años por cinco casos de homicidios, un proceso por privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Mientras que Felipe Antonio Alfaro Lara fue sentenciado a 195 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, casos de homicidios y uno de privación de libertad.
Felipe Antonio Alfaro Lara, alias Felipón, fue sentenciado a 195 años de prisión, y Francisco Javier Aguilar Ramírez, alias Shagui o Centinela, obtuvo sentencia condenatoria de 174 años, por agrupaciones ilícitas y seis casos de homicidio.
José Manuel Martínez Rivera, alias Sailor, fue encontrado responsable penalmente por un caso de homicidio y agrupaciones ilícitas, por lo que debe purgar 49 años en la cárcel. Además, se reporta la condena de Isabel Wilfredo Ramírez a 28 años de prisión por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas. El resto de los involucrados fueron condenados a otras penas por delitos como agrupaciones ilícitas y tenencia Ilegal de arma.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
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FGR entrega a Eluzur Rumpler a autoridades de Israel por abuso contra menores
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Localizan restos de joven desaparecido en 2020; pandilleros enfrentan juicio por el crimen

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.