Judicial
Ocho pandilleros de la 18 reciben condenas de 28 y 220 años cárcel
Ocho terroristas de la pandilla 18 que delinquían en Cojutepeque y San Pedro Perulapán, Cuscatlán fueron sentenciados a penas de 28 años hasta 220 años de prisión.
Los imputados pertenecen a la estructura Shadows Parks Locos Sureños de la pandilla Barrio 18, y operaban en diferentes barrios y colonias de los referidos municipios.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los imputados fueron encontrados responsables penalmente por siete casos de homicidio agravado, organizaciones terroristas, dos casos de intento de homicidio y agrupaciones ilícitas.
Los crímenes fueron cometidos entre el año 2008 al 2015, en las colonias Vista al Lago, Santa Clara, Franco, La Fuente, El Progreso, Bellavista, El Calvario, El Huerto y otras de Cojutepeque, así como en los cantones Cujuapa y La Palma I, y otros hechos los perpetraron en el municipio de Santa Cruz Analquito.
Una de las condenas más grandes cayó sobre Erick Geovanny Martínez Herrera, alias Piojo o Jonster, quien fue condenado a 220 años por siete casos de homicidios, un caso de privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
A José Nery Herrera Bonifacio, alias Baby, se le impuso sentencia condenatoria de 205 años por cinco casos de homicidios, un proceso por privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Mientras que Felipe Antonio Alfaro Lara fue sentenciado a 195 años de cárcel por agrupaciones ilícitas, casos de homicidios y uno de privación de libertad.
Felipe Antonio Alfaro Lara, alias Felipón, fue sentenciado a 195 años de prisión, y Francisco Javier Aguilar Ramírez, alias Shagui o Centinela, obtuvo sentencia condenatoria de 174 años, por agrupaciones ilícitas y seis casos de homicidio.
José Manuel Martínez Rivera, alias Sailor, fue encontrado responsable penalmente por un caso de homicidio y agrupaciones ilícitas, por lo que debe purgar 49 años en la cárcel. Además, se reporta la condena de Isabel Wilfredo Ramírez a 28 años de prisión por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas. El resto de los involucrados fueron condenados a otras penas por delitos como agrupaciones ilícitas y tenencia Ilegal de arma.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
