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Matón robaba celulares a pasajeros, hasta que una de sus víctimas lo descubre en una venta de teléfonos, en el parque San José
Un sujeto fue llevado a los juzgados luego de ser acusado de cometer un hecho delictivo, el robo de un celular; pero la historia no termina ahí, el ladrón poseía un negocio de venta de celulares, al parecer robados, ubicada en la 6ª Avenida Norte y 1ª Calle Oriente; y fue descubierto por una de sus víctimas.
El ladrón fue identificado como Manuel Pérez Hernández, de 42 años, y ahora, deberá utilizar un brazalete electrónico y pagar una fianza de $1,000 al Ministerio de Hacienda si quiere recuperar su libertad.
Según la acusación fiscal, en octubre de 2019 el dueño del teléfono en cuestión viajaba en una ruta del transporte colectivo que hace el recorrido entre Apopa y San Salvador, cuando Hernández se le acercó para preguntarle dónde quedaba la parada de buses.
No obstante, al ver el celular que portaba el ciudadano, el matón lo amenazó diciéndole que era pandillero y que lo acompañaban otros tres delincuentes.
La investigación indica que el aparato tiene un valor estimado de $300, este le fue exigido a la víctima al tiempo que el delincuente ordenó que le revelara la contraseña para desbloquearlo. El ratero se bajó al llegar la unidad en la avenida Cuscatlán, en el centro de San Salvador.
Después del robo, la víctima pidió prestado un celular a otro de los pasajeros, avisó a sus familiares del asalto.
Pasados unos días, caminando por negocios del parque San José la víctima logró reconocer a quien le había robado su teléfono, alertó a la Policía y fue arrestado Hernández en una venta de celulares ubicada en la 6ª Avenida Norte y 1ª Calle Oriente.
La Fiscalía giró orden de captura para el sospechoso -orden administrativa- fue arrestado el 16 de enero de este año.
Hernández enfrentó audiencia el 21 de este mes en el Juzgado 4° de Paz de San Salvador, donde el juez le decretó detención con medidas sustitutivas, por el delito de robo.
Con información de: El Salvador Times
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
