Judicial
Matón robaba celulares a pasajeros, hasta que una de sus víctimas lo descubre en una venta de teléfonos, en el parque San José
Un sujeto fue llevado a los juzgados luego de ser acusado de cometer un hecho delictivo, el robo de un celular; pero la historia no termina ahí, el ladrón poseía un negocio de venta de celulares, al parecer robados, ubicada en la 6ª Avenida Norte y 1ª Calle Oriente; y fue descubierto por una de sus víctimas.
El ladrón fue identificado como Manuel Pérez Hernández, de 42 años, y ahora, deberá utilizar un brazalete electrónico y pagar una fianza de $1,000 al Ministerio de Hacienda si quiere recuperar su libertad.
Según la acusación fiscal, en octubre de 2019 el dueño del teléfono en cuestión viajaba en una ruta del transporte colectivo que hace el recorrido entre Apopa y San Salvador, cuando Hernández se le acercó para preguntarle dónde quedaba la parada de buses.
No obstante, al ver el celular que portaba el ciudadano, el matón lo amenazó diciéndole que era pandillero y que lo acompañaban otros tres delincuentes.
La investigación indica que el aparato tiene un valor estimado de $300, este le fue exigido a la víctima al tiempo que el delincuente ordenó que le revelara la contraseña para desbloquearlo. El ratero se bajó al llegar la unidad en la avenida Cuscatlán, en el centro de San Salvador.
Después del robo, la víctima pidió prestado un celular a otro de los pasajeros, avisó a sus familiares del asalto.
Pasados unos días, caminando por negocios del parque San José la víctima logró reconocer a quien le había robado su teléfono, alertó a la Policía y fue arrestado Hernández en una venta de celulares ubicada en la 6ª Avenida Norte y 1ª Calle Oriente.
La Fiscalía giró orden de captura para el sospechoso -orden administrativa- fue arrestado el 16 de enero de este año.
Hernández enfrentó audiencia el 21 de este mes en el Juzgado 4° de Paz de San Salvador, donde el juez le decretó detención con medidas sustitutivas, por el delito de robo.
Con información de: El Salvador Times
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
