Judicial
Mandan a la cárcel a conductor que embistió a gestor de tránsito en Soyapango
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango ordenó detención provisional para Yohalmo Enrique Rivera, quien es acusado de intento de homicidio y conducción peligrosa en perjuicio de un gestor de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT).
La decisión fue dada a conocer la mañana de este lunes tras concluir la audiencia inicial en el referido juzgado, según confirmó el fiscal del caso.
«La señora jueza valoró transitar el proceso a la etapa de Instrucción con la medida cautelar de la detención provisional del imputado mandándolo al centro penal de Mariona», explicó el representante del ministerio público.
El fiscal comentó que la acusación en contra de Rivera tiene como fundamento «la declaración de la víctima que narra la forma en cómo sucede los hechos, la prueba documental que establece el lugar, el álbum fotográfico y la prueba pericial en la que se determina por diferentes videos el modo en que el imputado realiza la acción de querer arrollar al gestor de tráfico».
Los hechos por los cuales es señalado Rivera ocurrieron el pasado 8 de marzo luego que en redes sociales se difundiera un video que muestra a Yohalmo Rivera embistiendo a un gestor de tránsito quien primero le indica que no podía hacer un giro a la izquierda, y luego de no atender la indicación, lo arrolla con su vehículo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Rivera buscaba incorporarse de la avenida Rosario Sur, en Soyapango, al bulevar del Ejército frente al Centro Comercial Plaza Soyapango. En ese momento, el gestor le indicó que no era permitida esa maniobra y que para evitar ese cruce habían colocado varios conos.
Sin embargo, en un arranque de violencia, Rivera se pasó llevando el cono, al tiempo que embistió al gestor, al punto que para evitar sufrir lesiones la víctima tuvo que aferrarse con fuerza a los limpiavidrios para no caer mientras el vehículo era acelerado.
Todo quedó filmado en las cámaras de seguridad instaladas en el sector; tras hacerse pública la denuncia, la Policía Nacional Civil (PNC) logró ubicar al sujeto y lo arrestó.
Al respecto, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, expresó en esa misma ocasión: «Ninguna multa, por alta que sea, será suficiente para reparar el daño emocional que la víctima sufrió, por este caso, por lo que ha sido escalado al ámbito penal por el delito de intento de homicidio».
Con la detención provisional de Rivera, el fiscal del caso advirtió al resto de conductores a que respeten la vida de los gestores de tránsito que lo único que buscan es ordenar el caos vehicular a través del cumplimiento de la normativa vial.
«El mensaje es claro en que se debe de respetar la Ley de Tránsito, se debe de respetar, sobre todo, la vida de las personas que están apoyando a la población salvadoreña en cuando a la regulación de tráfico y que no se sigan dando este tipo de situaciones que ponen en riesgo a los gestores de tráfico y a los terceros porque también pudo resultar como víctima otro vehículo u otra persona», expresó este lunes el fiscal del caso.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
