Judicial
Mandan a la cárcel a conductor que embistió a gestor de tránsito en Soyapango
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango ordenó detención provisional para Yohalmo Enrique Rivera, quien es acusado de intento de homicidio y conducción peligrosa en perjuicio de un gestor de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT).
La decisión fue dada a conocer la mañana de este lunes tras concluir la audiencia inicial en el referido juzgado, según confirmó el fiscal del caso.
«La señora jueza valoró transitar el proceso a la etapa de Instrucción con la medida cautelar de la detención provisional del imputado mandándolo al centro penal de Mariona», explicó el representante del ministerio público.
El fiscal comentó que la acusación en contra de Rivera tiene como fundamento «la declaración de la víctima que narra la forma en cómo sucede los hechos, la prueba documental que establece el lugar, el álbum fotográfico y la prueba pericial en la que se determina por diferentes videos el modo en que el imputado realiza la acción de querer arrollar al gestor de tráfico».
Los hechos por los cuales es señalado Rivera ocurrieron el pasado 8 de marzo luego que en redes sociales se difundiera un video que muestra a Yohalmo Rivera embistiendo a un gestor de tránsito quien primero le indica que no podía hacer un giro a la izquierda, y luego de no atender la indicación, lo arrolla con su vehículo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Rivera buscaba incorporarse de la avenida Rosario Sur, en Soyapango, al bulevar del Ejército frente al Centro Comercial Plaza Soyapango. En ese momento, el gestor le indicó que no era permitida esa maniobra y que para evitar ese cruce habían colocado varios conos.
Sin embargo, en un arranque de violencia, Rivera se pasó llevando el cono, al tiempo que embistió al gestor, al punto que para evitar sufrir lesiones la víctima tuvo que aferrarse con fuerza a los limpiavidrios para no caer mientras el vehículo era acelerado.
Todo quedó filmado en las cámaras de seguridad instaladas en el sector; tras hacerse pública la denuncia, la Policía Nacional Civil (PNC) logró ubicar al sujeto y lo arrestó.
Al respecto, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, expresó en esa misma ocasión: «Ninguna multa, por alta que sea, será suficiente para reparar el daño emocional que la víctima sufrió, por este caso, por lo que ha sido escalado al ámbito penal por el delito de intento de homicidio».
Con la detención provisional de Rivera, el fiscal del caso advirtió al resto de conductores a que respeten la vida de los gestores de tránsito que lo único que buscan es ordenar el caos vehicular a través del cumplimiento de la normativa vial.
«El mensaje es claro en que se debe de respetar la Ley de Tránsito, se debe de respetar, sobre todo, la vida de las personas que están apoyando a la población salvadoreña en cuando a la regulación de tráfico y que no se sigan dando este tipo de situaciones que ponen en riesgo a los gestores de tráfico y a los terceros porque también pudo resultar como víctima otro vehículo u otra persona», expresó este lunes el fiscal del caso.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
