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Judicial

Líderes de la pandilla MS son con condenados a pasar varios años tras las rejas

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que la oficina fiscal de Soyapango logró condenar a cuatro líderes de la Mara Salvatrucha por los delitos de proposición y conspiración para acabar con la vida de víctimas, así como por el intento de cometer crímenes, por limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Los implicados han sido identificados como Edwin Alexi Ayala Rivera, quien sería un corredor de programa Perulos Locos Salvatruchos (líder de zona de la pandilla), sentenciado a 29 años de cárcel; Cristian Giovanni Carpio Molina, palabrero, (líder de la clica Palmas Locos Salvatruchos), con 25 años y 6 meses de condena; Evert Campos Moz, enviado a prisión por 19 años.

A estos se les suma Josué Aarón Martínez Sandoval, condenado a 15 años y 5 meses de cárcel. Todos los procesados son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), que opera en los municipios de San José Guayabal, San Bartolomé Perulapía y San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Así como en San Martín y Tonacatepeque municipios del departamento de San Salvador.

Las investigaciones de la Fiscalía se dan luego de un robo perpetrado por algunos miembros de la pandilla en el municipio de San Martín, donde, al resolver ese delito, se encuentra abundante evidencia de la participación de los imputados en el planeamiento y conspiración para asesinar al alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova.

Además, los fiscales del caso lograron esclarecer que los implicados habían tenido participación en un intento de Homicidio y en un hecho de Limitación Ilegal a la Libre Circulación en perjuicio de habitantes de la zona. La mayoría de los delitos acusados ocurrieron de febrero a junio de 2019 en los municipios en mención.

El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador avaló toda la prueba presentada por los fiscales del caso y además decidió condenar a 15 miembros de la misma pandilla a penas que va de los 3 a los 6 años de prisión por el delito de Agrupaciones Ilícitas.

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Guatemalteco enfrentará la justicia por atropellar a niña en Ahuachapán e intentar fugarse

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.

Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.

El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.

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Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate

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El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.

Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.

Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.

Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.

La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.

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Tribunal inicia proceso penal contra 48 alumnos señalados de pertenecer a la «La Raza”

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El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.

El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.

La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.

Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.

Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.

Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.

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