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Judicial

Líderes de la pandilla MS son con condenados a pasar varios años tras las rejas

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que la oficina fiscal de Soyapango logró condenar a cuatro líderes de la Mara Salvatrucha por los delitos de proposición y conspiración para acabar con la vida de víctimas, así como por el intento de cometer crímenes, por limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Los implicados han sido identificados como Edwin Alexi Ayala Rivera, quien sería un corredor de programa Perulos Locos Salvatruchos (líder de zona de la pandilla), sentenciado a 29 años de cárcel; Cristian Giovanni Carpio Molina, palabrero, (líder de la clica Palmas Locos Salvatruchos), con 25 años y 6 meses de condena; Evert Campos Moz, enviado a prisión por 19 años.

A estos se les suma Josué Aarón Martínez Sandoval, condenado a 15 años y 5 meses de cárcel. Todos los procesados son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), que opera en los municipios de San José Guayabal, San Bartolomé Perulapía y San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Así como en San Martín y Tonacatepeque municipios del departamento de San Salvador.

Las investigaciones de la Fiscalía se dan luego de un robo perpetrado por algunos miembros de la pandilla en el municipio de San Martín, donde, al resolver ese delito, se encuentra abundante evidencia de la participación de los imputados en el planeamiento y conspiración para asesinar al alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova.

Además, los fiscales del caso lograron esclarecer que los implicados habían tenido participación en un intento de Homicidio y en un hecho de Limitación Ilegal a la Libre Circulación en perjuicio de habitantes de la zona. La mayoría de los delitos acusados ocurrieron de febrero a junio de 2019 en los municipios en mención.

El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador avaló toda la prueba presentada por los fiscales del caso y además decidió condenar a 15 miembros de la misma pandilla a penas que va de los 3 a los 6 años de prisión por el delito de Agrupaciones Ilícitas.

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Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.

De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.

Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.

Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.

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En juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, declararán 130 testigos

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En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.

El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.

Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).

La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.

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Condenan por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Parker y su familia

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.

El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76

En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.

En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.

Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.

En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.

Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.

Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.

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