Judicial
Líderes de la pandilla MS son con condenados a pasar varios años tras las rejas
La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana que la oficina fiscal de Soyapango logró condenar a cuatro líderes de la Mara Salvatrucha por los delitos de proposición y conspiración para acabar con la vida de víctimas, así como por el intento de cometer crímenes, por limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Los implicados han sido identificados como Edwin Alexi Ayala Rivera, quien sería un corredor de programa Perulos Locos Salvatruchos (líder de zona de la pandilla), sentenciado a 29 años de cárcel; Cristian Giovanni Carpio Molina, palabrero, (líder de la clica Palmas Locos Salvatruchos), con 25 años y 6 meses de condena; Evert Campos Moz, enviado a prisión por 19 años.
A estos se les suma Josué Aarón Martínez Sandoval, condenado a 15 años y 5 meses de cárcel. Todos los procesados son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), que opera en los municipios de San José Guayabal, San Bartolomé Perulapía y San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Así como en San Martín y Tonacatepeque municipios del departamento de San Salvador.
Las investigaciones de la Fiscalía se dan luego de un robo perpetrado por algunos miembros de la pandilla en el municipio de San Martín, donde, al resolver ese delito, se encuentra abundante evidencia de la participación de los imputados en el planeamiento y conspiración para asesinar al alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova.
Además, los fiscales del caso lograron esclarecer que los implicados habían tenido participación en un intento de Homicidio y en un hecho de Limitación Ilegal a la Libre Circulación en perjuicio de habitantes de la zona. La mayoría de los delitos acusados ocurrieron de febrero a junio de 2019 en los municipios en mención.
El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador avaló toda la prueba presentada por los fiscales del caso y además decidió condenar a 15 miembros de la misma pandilla a penas que va de los 3 a los 6 años de prisión por el delito de Agrupaciones Ilícitas.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
