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Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN por actos de corrupción
Esta mañana de miércoles el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó detención provisional para cinco exfuncionarios del FMLN durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, quienes son acusados de lavado de dinero y actos de corrupción. El caso pasará a etapa de instrucción.
Los exfuncionarios del FMLN son Violeta Menjívar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal e hija del fundador del partido de izquierda, Schafik Hándal; Calixto Mejía exdiputado y exviceministro de Trabajo, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura.
Todos ellos fueron detenidos el pasado 22 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del operativo denominado «Operación Desfalco».
La FGR acusa a los exfuncionarios del delito de lavado de dinero para lo cual tienen como prueba los peritajes financieros, información de las instituciones del estado que dirigieron, entre otras pericias.
Según la Fiscalía, estas cantidades de dinero recibieron estos exfuncionarios como «bonos» o «bonos de retiro» a parte de su salario: Carlos Cáceres $210,000; Calixto Mejía $208,000; Violeta Menjívar $167,000; Erlinda Hándal $162,000 y Hugo Flores $174,000
Las autoridades también solicitaron a Interpol que se emitiera difusión roja contra e l expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, así como también contra Lina Pohl, exministra del Medio Ambiente y Guillermo López, exministro de Agricultura. Estos últimos también fueron parte del gabinete del expresidente Funes, por actos de corrupción.
Según la Fiscalía, Sánchez Cerén recibió hasta $530,000 en concepto de bonificaciones extra a su salario como vicepresidente de la República, durante la gestión de Funes. En el caso de Gerson Martínez, se le acusa de recibir $290,000 aparte de su salario como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Lina Pohl, según la Fiscalía, recibió $177,000 aparte de su salario como funcionaria pública encargada de la cartera de Medio Ambiente, mientras que Guillermo López recibió $565,000 además de su salario como funcionario público.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.
En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.
Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.
El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.
