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Judicial

Juzgado recibe requerimiento fiscal en contra de exalcalde de ARENA y su esposa

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El Juzgado de Paz de Comasagua, recibió el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los imputados José Ricardo Reyes Rosales y su esposa Coralia del Carmen López de Reyes, ambos  capturados el pasado miércoles 23 de junio en horas de la madrugada, en la Colonia Belén del municipio de Comasagua, La Libertad.

A José Ricardo Reyes Rosales exalcalde del  municipio del partido ARENA, se le imputa los delitos tipificados provisionalmente como: Violación en menor e incapaz agravada, Agresión sexual en menor e incapaz agravada, ambos en modalidad continuada; y Privación de libertad agravada, en perjuicio de un niño de siete años de edad.

A la señora Coralia del Carmen López de Reyes, se le atribuyen tres delitos: Comisión por omisión en el delito de: Violación en menor e incapaz agravada en la modalidad continuada. Comisión por omisión en el delito de: Agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada y Privación de Libertad Agravada, en perjuicio de un niño de siete años de edad.

El caso inicia por medio de una denuncia interpuesta en la Fiscalía en el mes de mayo del presente año, en el relato de los hechos se indica que los delitos de agresión iniciaron cuando la víctima tenía 12 años de edad, producto de estos abusos nació un menor de edad sobre quien se ejecutó la privación de libertad de manos de la señora Coralia del Carmen López de Reyes a mandato del señor Reyes Rosales.

El requerimiento fiscal solicita se decrete instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional, y que se decrete la reserva total del proceso, con fundamento de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y el artículo 106 del Código Procesal Penal.

El Juez de la causa decretó que la audiencia inicial con reserva total en favor de las víctimas se celebrará el próximo domingo 27 del presente mes y año a las 10:00 a.m., dando cumplimiento a los tiempos procesales.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Judicial

Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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