Judicial
Juzgado recibe requerimiento fiscal en contra de exalcalde de ARENA y su esposa
El Juzgado de Paz de Comasagua, recibió el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los imputados José Ricardo Reyes Rosales y su esposa Coralia del Carmen López de Reyes, ambos capturados el pasado miércoles 23 de junio en horas de la madrugada, en la Colonia Belén del municipio de Comasagua, La Libertad.
A José Ricardo Reyes Rosales exalcalde del municipio del partido ARENA, se le imputa los delitos tipificados provisionalmente como: Violación en menor e incapaz agravada, Agresión sexual en menor e incapaz agravada, ambos en modalidad continuada; y Privación de libertad agravada, en perjuicio de un niño de siete años de edad.
A la señora Coralia del Carmen López de Reyes, se le atribuyen tres delitos: Comisión por omisión en el delito de: Violación en menor e incapaz agravada en la modalidad continuada. Comisión por omisión en el delito de: Agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada y Privación de Libertad Agravada, en perjuicio de un niño de siete años de edad.
El caso inicia por medio de una denuncia interpuesta en la Fiscalía en el mes de mayo del presente año, en el relato de los hechos se indica que los delitos de agresión iniciaron cuando la víctima tenía 12 años de edad, producto de estos abusos nació un menor de edad sobre quien se ejecutó la privación de libertad de manos de la señora Coralia del Carmen López de Reyes a mandato del señor Reyes Rosales.
El requerimiento fiscal solicita se decrete instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional, y que se decrete la reserva total del proceso, con fundamento de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y el artículo 106 del Código Procesal Penal.
El Juez de la causa decretó que la audiencia inicial con reserva total en favor de las víctimas se celebrará el próximo domingo 27 del presente mes y año a las 10:00 a.m., dando cumplimiento a los tiempos procesales.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
