Judicial
Juzgado ordena detención para expresidente Cristiani y para el coronel Inocente Montano por el caso Jesuitas
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó esta tarde la detención para el expresidente de la República Alfredo Félix Cristiani Burkard, acusado de comisión por omisión en el delito de asesinato, en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.
«Este tribunal se va encargar de hacer las gestiones para girar la orden de captura», dijo el juez al momento de emitir su resolución, la decisión fue tomada porque el exmandatario no acudió al llamado para ser notificado del caso y tampoco mandó un abogado que lo representara, con esa acción demostró que no está dispuesto a someterse al proceso y la única manera de hacerlo comparecer es capturándolo.
El juzgado gestionará con la Policía Internacional (Interpol) la orden de captura y que se emita una difusión roja con miras a localizarlo y luego seguir un proceso de extradición.
El juez también decidió girar orden de captura para el exdiputado Rodolfo Parker, por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal, se valoró la negativa que ha tenido para acudir al llamado judicial, no basta con enviar a un defensor, pues eso no garantiza que vaya someterse a la causa penal.
También se ha girado orden de captura contra los coroneles retirados Inocente Orlando Montano Morales [preso en España], Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Nelson Iván López López y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Han quedado con medidas alternas a la detención, el general Juan Rafael Bustillo Toledo, señalado de asesinato actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado, el juez dijo que por sus 77 años y haber mostrado siempre voluntad de enfrentar el proceso, le otorgó ese beneficio, deberá presentarse a firmar cada 15 días, no cambiar de domicilio y no salir del país.
Las mismas medidas fueron otorgadas al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, quien también se presentó a enfrentar la audiencia por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal.
A los generales Juan Orlando Zepeda, de 77 años también se le otorgó medidas alternas por su edad y problemas de salud, Rafael Humberto Larios ha quedado sin ninguna medida por escasez de prueba en su contra y el teniente coronel Óscar Alberto León Linares, también gozará de medidas por problemas de salud ya que está operado de sus ojos.
Por haber fallecido, el general René Emilio Ponce y el coronel Francisco Elena Fuentes, fueron exonerados de forma definitiva.
El juzgado mantiene todos los delitos y no accedió a modificarlos, a excepción de hurto calificado por el cual decretó sobreseimiento definitivo para los militares procesados por ese ilícito, la Fiscalía los acusa de haberle hurtado dos maletines a los jesuitas los cuales contenían $5,000 y fotografías.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
