Judicial
Juzgado ordena detención para expresidente Cristiani y para el coronel Inocente Montano por el caso Jesuitas
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó esta tarde la detención para el expresidente de la República Alfredo Félix Cristiani Burkard, acusado de comisión por omisión en el delito de asesinato, en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.
«Este tribunal se va encargar de hacer las gestiones para girar la orden de captura», dijo el juez al momento de emitir su resolución, la decisión fue tomada porque el exmandatario no acudió al llamado para ser notificado del caso y tampoco mandó un abogado que lo representara, con esa acción demostró que no está dispuesto a someterse al proceso y la única manera de hacerlo comparecer es capturándolo.
El juzgado gestionará con la Policía Internacional (Interpol) la orden de captura y que se emita una difusión roja con miras a localizarlo y luego seguir un proceso de extradición.
El juez también decidió girar orden de captura para el exdiputado Rodolfo Parker, por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal, se valoró la negativa que ha tenido para acudir al llamado judicial, no basta con enviar a un defensor, pues eso no garantiza que vaya someterse a la causa penal.
También se ha girado orden de captura contra los coroneles retirados Inocente Orlando Montano Morales [preso en España], Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Nelson Iván López López y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Han quedado con medidas alternas a la detención, el general Juan Rafael Bustillo Toledo, señalado de asesinato actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado, el juez dijo que por sus 77 años y haber mostrado siempre voluntad de enfrentar el proceso, le otorgó ese beneficio, deberá presentarse a firmar cada 15 días, no cambiar de domicilio y no salir del país.
Las mismas medidas fueron otorgadas al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, quien también se presentó a enfrentar la audiencia por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal.
A los generales Juan Orlando Zepeda, de 77 años también se le otorgó medidas alternas por su edad y problemas de salud, Rafael Humberto Larios ha quedado sin ninguna medida por escasez de prueba en su contra y el teniente coronel Óscar Alberto León Linares, también gozará de medidas por problemas de salud ya que está operado de sus ojos.
Por haber fallecido, el general René Emilio Ponce y el coronel Francisco Elena Fuentes, fueron exonerados de forma definitiva.
El juzgado mantiene todos los delitos y no accedió a modificarlos, a excepción de hurto calificado por el cual decretó sobreseimiento definitivo para los militares procesados por ese ilícito, la Fiscalía los acusa de haberle hurtado dos maletines a los jesuitas los cuales contenían $5,000 y fotografías.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
