Judicial
Juzgado ordena detención para expresidente Cristiani y para el coronel Inocente Montano por el caso Jesuitas
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó esta tarde la detención para el expresidente de la República Alfredo Félix Cristiani Burkard, acusado de comisión por omisión en el delito de asesinato, en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.
«Este tribunal se va encargar de hacer las gestiones para girar la orden de captura», dijo el juez al momento de emitir su resolución, la decisión fue tomada porque el exmandatario no acudió al llamado para ser notificado del caso y tampoco mandó un abogado que lo representara, con esa acción demostró que no está dispuesto a someterse al proceso y la única manera de hacerlo comparecer es capturándolo.
El juzgado gestionará con la Policía Internacional (Interpol) la orden de captura y que se emita una difusión roja con miras a localizarlo y luego seguir un proceso de extradición.
El juez también decidió girar orden de captura para el exdiputado Rodolfo Parker, por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal, se valoró la negativa que ha tenido para acudir al llamado judicial, no basta con enviar a un defensor, pues eso no garantiza que vaya someterse a la causa penal.
También se ha girado orden de captura contra los coroneles retirados Inocente Orlando Montano Morales [preso en España], Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Nelson Iván López López y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Han quedado con medidas alternas a la detención, el general Juan Rafael Bustillo Toledo, señalado de asesinato actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado, el juez dijo que por sus 77 años y haber mostrado siempre voluntad de enfrentar el proceso, le otorgó ese beneficio, deberá presentarse a firmar cada 15 días, no cambiar de domicilio y no salir del país.
Las mismas medidas fueron otorgadas al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, quien también se presentó a enfrentar la audiencia por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal.
A los generales Juan Orlando Zepeda, de 77 años también se le otorgó medidas alternas por su edad y problemas de salud, Rafael Humberto Larios ha quedado sin ninguna medida por escasez de prueba en su contra y el teniente coronel Óscar Alberto León Linares, también gozará de medidas por problemas de salud ya que está operado de sus ojos.
Por haber fallecido, el general René Emilio Ponce y el coronel Francisco Elena Fuentes, fueron exonerados de forma definitiva.
El juzgado mantiene todos los delitos y no accedió a modificarlos, a excepción de hurto calificado por el cual decretó sobreseimiento definitivo para los militares procesados por ese ilícito, la Fiscalía los acusa de haberle hurtado dos maletines a los jesuitas los cuales contenían $5,000 y fotografías.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
