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Juzgado instala audiencia por peculado contra exembajador en Honduras, Sigfredo Ochoa Pérez

El Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador instaló hoy la audiencia preliminar contra el coronel retirado Sigfredo Ochoa Pérez, quien fungió como exembajador de El Salvador en la República de Honduras, y Walter Alfredo Anaya Escalante, Exministro consejero, ambos son acusados de peculado, presuntamente se apropiaron de $107,920 dólares del erario público, cuando fungieron como diplomáticos en dicha sede. La resolución se dará a conocer el próximo miércoles 20 de octubre a las 2:30 p.m.
Este día, las partes expresaron al juez sus alegatos y ofertaron los elementos de prueba para acusar o desvirtuar la participación de los procesados en el ilícito.
Al coronel retirado se le atribuye un peculado de $41 mil dólares, mientras que a Anaya $57 mil dólares, delito cometido en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Presuntamente erogaron fondos en exceso por el canon de arrendamiento de inmueble de la sede diplomática de El Salvador en Honduras, hechos ocurridos desde julio del año 2005 a enero del 2016. Cuando Ochoa Pérez fungió como embajador (año 2005 al 2009), y Anaya como ministro consejero y encargado de negocios desde el año 2005 al 2015.
Se detalla que en el año 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento de la vivienda, uno era por $2,200 dólares y el otro por $3,000 dólares, este último es el que tramitaron como válido para que Relaciones Exteriores pagara el arrendamiento del inmueble. En los dos contratos existía la diferencia de $800.00 dólares.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.