Judicial
Juzgado decreta apertura de juicio contra sujeto que se hacia pasar como empleado del MINED para cometer estafa
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Nelson Alberto Alarcón Guevara, de 23 años, acusado de estafa agravada en perjuicio de cinco víctimas y falsificación, tenencia de sellos oficiales, especies fiscales o billetes de lotería.
El primer delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 215 y 216, numeral 2 del Código Penal; mientras que el segundo está estipulado en el Artículo 280, inciso segundo del mismo código, en perjuicio de la fe pública. Todo lo anterior bajo la modalidad de concurso real de delitos, en base al Artículo 41 del Código Penal.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público ofertó prueba testimonial, pericial y documental que le fue aceptada para la siguiente etapa del proceso, que es la vista pública a realizarse en uno de los Tribunales de Sentencia de esta ciudad.
Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre los meses de junio y noviembre de 2017, cuando el imputado seleccionaba personas profesionales académicamente y que aspiraban a tener un trabajo gubernamental. Las convocaba a reuniones en diferentes cafeterías donde se presentaba como “delegado de recursos humanos de asuntos estratégicos y contrataciones del Ministerio de Educación (MINED)”.
Además, les decía sobre plazas laborales en diferentes puestos dentro de la referida institución; recibía las hojas de vida de las víctimas, daba lineamientos sobre el proceso de contratación y finalmente solicitaba diferentes cantidades económicas para poder otorgar esas plazas de trabajo.
El imputado manifestaba que era la única persona encargada para la contratación de personal y para acreditar su vínculo laboral con el MINED mostraba credenciales firmadas y selladas en original, por lo que las víctimas creían lo que les decía.
Una vez recibía el dinero, les decía que el proceso ya estaba en manos del Tribunal Calificador de la Carrera Docente y que para acelerar el proceso debían desembolsar otras cantidades de dinero.
Posteriormente, se reunía con sus víctimas y les entregaba documentación firmada y sellada en original con el sello del MINED, del Tribunal Calificador y del Ministerio de Hacienda, donde aparentemente las plazas ya estaban aprobadas; y que sólo esperaran la llamada para firmar el contrato.
Pero los meses transcurrían y las víctimas que eran todas de un mismo círculo de conocidos se dieron cuenta de la estafa; y en noviembre de 2018 interpusieron la denuncia en sede policial.
El monto del desfalco en perjuicio de las cinco víctimas asciende a más de 50 mil dólares, según consta en las diligencias judiciales.
Foto Referencia.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
