Judicial
Juzgado decreta apertura de juicio contra sujeto que se hacia pasar como empleado del MINED para cometer estafa
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Nelson Alberto Alarcón Guevara, de 23 años, acusado de estafa agravada en perjuicio de cinco víctimas y falsificación, tenencia de sellos oficiales, especies fiscales o billetes de lotería.
El primer delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 215 y 216, numeral 2 del Código Penal; mientras que el segundo está estipulado en el Artículo 280, inciso segundo del mismo código, en perjuicio de la fe pública. Todo lo anterior bajo la modalidad de concurso real de delitos, en base al Artículo 41 del Código Penal.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público ofertó prueba testimonial, pericial y documental que le fue aceptada para la siguiente etapa del proceso, que es la vista pública a realizarse en uno de los Tribunales de Sentencia de esta ciudad.
Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre los meses de junio y noviembre de 2017, cuando el imputado seleccionaba personas profesionales académicamente y que aspiraban a tener un trabajo gubernamental. Las convocaba a reuniones en diferentes cafeterías donde se presentaba como “delegado de recursos humanos de asuntos estratégicos y contrataciones del Ministerio de Educación (MINED)”.
Además, les decía sobre plazas laborales en diferentes puestos dentro de la referida institución; recibía las hojas de vida de las víctimas, daba lineamientos sobre el proceso de contratación y finalmente solicitaba diferentes cantidades económicas para poder otorgar esas plazas de trabajo.
El imputado manifestaba que era la única persona encargada para la contratación de personal y para acreditar su vínculo laboral con el MINED mostraba credenciales firmadas y selladas en original, por lo que las víctimas creían lo que les decía.
Una vez recibía el dinero, les decía que el proceso ya estaba en manos del Tribunal Calificador de la Carrera Docente y que para acelerar el proceso debían desembolsar otras cantidades de dinero.
Posteriormente, se reunía con sus víctimas y les entregaba documentación firmada y sellada en original con el sello del MINED, del Tribunal Calificador y del Ministerio de Hacienda, donde aparentemente las plazas ya estaban aprobadas; y que sólo esperaran la llamada para firmar el contrato.
Pero los meses transcurrían y las víctimas que eran todas de un mismo círculo de conocidos se dieron cuenta de la estafa; y en noviembre de 2018 interpusieron la denuncia en sede policial.
El monto del desfalco en perjuicio de las cinco víctimas asciende a más de 50 mil dólares, según consta en las diligencias judiciales.
Foto Referencia.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
