Judicial
Juicio para sujeto acusado de portar marihuana
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango ordenó apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de la detención provisional en contra de David Gilberto Barahona Paiz, acusado por el delito de posesión y tenencia en perjuicio de la salud pública.
Barahona fue detenido el 22 de enero del presente año cuando agentes se encontraban realizando patrullaje preventivo en sector de responsabilidad en una colonia de Soyapango. Agentes le dieron los comandos verbales de alto quienes posteriormente procedieron a requisarlo encontrándole en la bolsa delantera del pantalón que vestía una porción mediana de material vegetal.
La droga fue incautada y llevada a la sección de antinarcóticos de la PNC donde se le realizó prueba científica dando positivo a marihuana con un peso de 56.1 gramos con el que se pudieron haber confeccionado 112 cigarrillos y con un costo en el mercado de $63.95 dólares.
En audiencia la juzgadora considero prudente pasar el caso a la etapa de juicio considerando que hay elementos existentes que fundamentan la acusación y deberán ser desfilados en una vista pública donde será el Tribunal de Sentencia quien determine la situación jurídica del ahora imputado, mientras tanto deberá mantenerse en la detención provisional para evitar que se dé a la fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
