Judicial
Integrantes de estructura pandilleril de Mejicanos son condenados hasta con 42 años cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo significativas condenas en contra de palabreros, homeboys y colaboradores de la pandilla 18 revolucionarios, de la clica columbia liro sayco.
Los imputado delinquieron hasta el año 2020 en Mejicanos, San Salvador, luego de que la Fiscalía ordenara su captura y con el apoyo de la policía se desarticuló la estructura.
Entre los imputados se encuentran: José Isaías Hernández Mejía, alias “poison”, con sentencia de 42 años; José Alexander Jiménez González, alias “tres años”, pasará 30 años encarcelado; Santana Horestil de Paz Ortiz, alias “satánico, slopy o little boy”, con imposición de 29 años; Ronald Stanley Calderón Ancheta, alias “cheta”, condenado a 25 años y Sergio Mauricio Contreras Montano, alias “chele way o busingua”, con pena de 19 años de prisión.
Otros integrantes de la estructura han sido sancionados con penas menores de cárcel, dado que solo colaboraron en algunos hechos.
El juicio fue realizado en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Toda la prueba ofrecida durante el juicio ante el Tribunal demostró que estos acusados son los responsables de haber causado terror en la población y que son culpables por cometer diferentes homicidios, extorsiones a comerciantes, entre otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó, este miércoles, que solicitaron agrupar en una sola causa a un total de 2,727 pandilleros, quienes tiene un mismo vinculo criminal en una determinada clica.
La FGR señaló que los escritos fueron presentados en los tribunales contra el crimen organizado de San Miguel y Santa Ana.
Las autoridades informaron que en las primeras cuatro solicitudes se requirió agrupar a 921 pandilleros pertenecientes a la clica Saylor Locos Locos Salvatruchos; 36 de clica Wester Locos Salvatrucho; 79 de la clica Fulton Locos Salvatrucho y 79 de la clica Coronados Locos Salvatrucho.
Así también, en otra petición, solicitaron agrupar a pandilleros que delinquían en La Unión; 163 son de la clica Unionenses Locos Salvatruchos, 30 de la clica Tiny Locos Salvatruchos, 37 de clica Centrales Locos Salvatruchos y 21 Wester Locos Salvatruchos.
La FGR también solicitó concentrar en un proceso a 107 pandilleros de la clica Cabañas Locos Salvatruchos, 72 de la clica Centrales Locos Salvatruchos, 46 de la clica Guanacos Little Cycos Locos Salvatruchos, 144 pandilleros de la clica San José Locos Salvatruchos, 772 de la clica Sailor Locos Salvatruchos West Side y 1de la clica Calle Amargura Locos Salvatruchos.
La Fiscalía señaló que a todos estos pandilleros procesados se les atribuyen delitos como posesión y tenencia, tráfico ilícito, tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, receptación y agrupaciones ilícitas.
Judicial
Juzgado procesa a exministro, David Gutiérrez, por perjuicio económico de $13.7 millones al Estado
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, definirá en audiencia preliminar si el exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, es enviado a juicio por el delito de peculado de $13,723,132.60.
El exfuncionario es acusado de una serie de omisiones en el proyecto de construcción del Bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, tramo II, que antes se llamaba Bulevar Diego de Holguín, esas acciones causaron el millonario perjuicio económico al Estado.
«Durante la construcción de dicho proyecto se dieron una serie de omisiones por parte del exministro lo cual generaron un atraso en la construcción de este proyecto, así mismo se creo un perjuicio económico al Estado de El Salvador que asciende a más de $13 millones» explicó uno de los fiscales.
En la audiencia preliminar el ministerio público pretende probar que el Estado de El Salvador pagó ese dinero por las omisiones del exfuncionario y también que se le admita toda la evidencia recopilada en la etapa de investigación.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción han plasmado en el expediente que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y febrero de 2007.
Se detalla que David Gutiérrez permitió una serie de anomalías en el diseño y construcción del bulevar, esa obra permaneció suspendida y aún así al asocio Copreca Linares, del guatemalteco Jesús Hernández Campollo, siguió recibiendo pagos por avances del proyecto hasta por $13,723,132.60, dinero por el cual el exministro debe responder ya que la Fiscalía al judicializar el caso pidió que se diera por iniciada la acción civil.
El 24 de mayo de 2010, el exfuncionario en el gobierno de Elías Antonio Saca, fue denunciado en la Fiscalía, por actos de corrupción por ese proyecto que inicialmente bajo un contrato llave en mano se acordó que costaría, $25,652,957.16.
Pero el MOP pagó $19,740,349.54 por una obra inconclusa, en laudos arbitrales erogó $13,142,378.96 y por una garantía que se le entregó a la empresa se pagaron $10 millones; al final la cartera de Obras Públicas terminó cancelando $42,882,728.
Gracias a las sólidas pruebas presentadas por los fiscales se logró condenar a Mario Alfonso Alvarado Cerritos, alias Gavilán, y Dennis Alfonso Flores, alias Street Demond, a 20 años de prisión, y Orlando Abarca, alias Culebra, fue condenado a 14 años de prisión; a todos se les procesó por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa (intento de homicidio), en perjuicio de dos víctimas.
Los tres hombres fueron perfilados como miembros de la clica Directos Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatruca, MS-13.
Los hechos ocurrieron el 14 de junio del año 2016, en las inmediaciones de un terreno ubicado en caserío La Cruzadilla, cantón Calderas, distrito de Apastepeque, departamento de San Vicente; las víctimas estaban en el terreno realizando labores agrícolas cuando llegaron los imputados y sin mediar palabra, les dispararon en diferentes partes del cuerpo.
Los afectados intentaron esconderse, pero debido a los impactos de bala quedaron inconscientes en el lugar y los imputados huyeron del lugar creyendo que habían matado a las víctimas.
Según el expediente, los terroristas de la MS-13 buscaban matar a las víctimas porque habían impedido que sus hijos se involucraran con la organización criminal.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente validó cada prueba presentada por los fiscales del caso, por lo que decidió imponer las penas de prisión mencionadas, según la participación delictiva de cada involucrado.
