Judicial
Infracción vial delató a una pareja de asaltantes que golpearon en el rostro a una anciana para robarle su celular en pasarela de un centro comercial en San Salvador
Golpeada y en estado de shock, así es como una anciana de 77 años de edad quedó luego de que una joven con la complicidad de un hombre le quitara su celular cuando se encontraba en las cercanías de un centro comercial en San Salvador. Las autoridades policiales dieron con la pareja luego de que cometieran una infracción vial.
Irene C., de 22 años, y Gustavo M., de 21, eran una pareja de asaltantes que tenían como misión recolectar la mayor cantidad de artículos y dinero a base de violencia; sus ataques debían ser directos y rápidos. Así fue como atracaron a Juana, una anciana de 77 años que esperaba a una de sus amigas afuera del centro comercial.
Según la relación de los hechos, la mañana del 16 de febrero del 2018, la anciana se encontraba sentada en una de las gradas de la pasarela cuando decidió sacar su celular para verificar la ubicación de la amiga con la que estaba por reunirse.
A unos pocos metros de Juana se asomó Irene quien sin perderle la mirada a su objetivo se acercó tal como acecha un león a su presa que estaba enfocada en darle indicaciones a su despistada amiga.
Un fuerte golpe en la cara descontroló a la víctima que desde el suelo no terminaba de comprender lo sucedido. En cuestión de segundos recibió una serie de golpes que provocaron que soltara el celular, algo que cesó el ataque.
A lo lejos, la adulto mayor miraba como su agresora corría con el botín en sus manos, una motocicleta roja la esperaba con Gustavo listo para seguir la ruta que les permitiera darse a la fuga.
La infracción que los delató
Con la adrenalina a tope, la pareja recorrió varios kilómetros del bulevar Los Héroes, hasta llegar a un retén policial desde el que los agentes les hicieron parada al ver que ambos no portaban casco.
Los criminales no tuvieron de otra que atacar las órdenes de los agentes quienes le pidieron la documentación de la motocicleta a Gustavo, este respondió que no los portaba sin prolongar su explicación.
El olfato de los agentes procedió a una revisión en la pareja, encontrando entre las pertenencias de Irene el celular que segundos antes le había arrebatado a Juana. Algo que evidenció los nervios a la ladrona.
“¿De quién es este celular?”, le cuestionó uno de los agentes. “Es de mi mamá”, le contestó la imputada quien despertó sospechas. Las dudas llevaron a los requisadores a llamar al último número que fue marcado. La voz del otro lado del teléfono le dijo que el celular correspondía a Juana y que no conocía la mujer que lo tenía en su poder.
Aprovechando la pasividad de los policías, los ladrones intentaron darse a la fuga corriendo en el sentido en el que habían atracado a la anciana. Tras ellos salió un grupo de elementos de seguridad quienes lograron recapturarlos en el redondel México, zona a la que llegó la víctima y los reconoció.
Posteriormente las investigaciones determinaron que la motocicleta con la que estos delinquían había sido reportada como robada el 15 de febrero, es decir un día antes de los hechos.
Ambos serán procesados por el delito de robo tentado y hurto de vehículos en el tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que tiene previsto celebrar el juicio el próximo 12 de octubre.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
