Judicial
Imponen hasta 214 años de cárcel a estructura que extorsionaba a comerciantes y empresarios en San Miguel
Foto referencial
Un total de 31 pandilleros de la Clica Normandie Locos Salvatruchos, de la MS-13, que extorsionaron a comerciantes y empresarios de transporte público y privado, fueron condenados hasta a 214 años de prisión. tras las pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía.
Según la investigación fiscal, la estructura delincuencial extorsionó a 10 víctimas entre el 2003 y 2013. La exigencias de dinero oscilaban entre los $500 y $1,025 semanales y operaban en las colonias Prados de San Miguel, Santa Emilia, Metrópolis, Belén, Satélite de Oriente , Residencial San Francisco, Residencial Nueva Belén, entre otras.
“En estas colonias, varios miembros de la clica se concentraban para planificar y llevar a cabo las extorsiones“, dijo la fiscal del caso.
Gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), se logró comprobar al Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, que el fundador y primer palabrero de la estructura, Óscar Armando Pereira Vigil, alías el Comando, ordenaba la extorsiones desde el centro penal de Ciudad Barrios, San Miguel.
Pereira fue condenado a 200 años de prisión por 10 casos de extorsión agravada y 14 por agrupaciones ilícitas.
A Ismael Alfredo Flores Hernández, alias el Liro Man, segundo corredor de la estructura, lo sentenciaron a 134 años de cárcel por 6 casos de Extorsión Agravada y Agrupaciones Ilícitas.
Los palabreros René Medrano Liévano, alias el Sayper, y Francisco Álvarez Guzmán, alias el Dandy, fueron sentenciados a 174 años de prisión, mientras que José Alexander Ramírez, alias el Wisper y Mauricio Adonay Campos García, alias El Gato, recibieron una sentencia de 154 años de cárcel, todos por Extorsión Agravada y Agrupaciones Ilícitas.
Élmer José Franco, alias el Truasty, Óscar Geovany Santos Medrano, alias el Vendaval, Joel de Jesús Alemán Rivera, alias el Caballo y Josué Antonio Galeas Martínez, alias el Wicker, recibieron una sentencia de 134 años de cárcel por los mismos delitos.
Entre las víctimas de esta estructura delincuencial se encuentra un empresario de transporte que entregó $1,025 semanales entre el 2003 y 2005. En total, la afectación patrimonial que sufrió la víctima fue de aproximadamente $468,000.
Mientras que un empresario de Ciudad Barrios, San Miguel, por miedo a las amenazas a muerte, entregó semanalmente $700 entre el 2012 y 2013 a los pandilleros.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
