Judicial
Hombre obliga a su ex pareja a consumir veneno tras una discusión
Una discusión impulsó a que René N. indujera a su esposa a ingerir veneno. La noche del 24 de abril de 2017, en el interior de la casa de la víctima, ubicada en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, ocurrió el intento de homicidio.
La Fiscalía General de la República (FGR) catalogó el delito cometido por el sujeto como feminicidio agravado imperfecto, sancionado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
El imputado peleó con la víctima, de quien se había separado desde hacía seis años, por lo que la lanzó sobre una cama y tras ello la obligó a que comiera un insecticida conocido como Lannate.
Al ver que la mujer se encontraba agonizando, René huyó del lugar y la abandonó. Ella logró salvarse de morir al ser auxiliada por unos vecinos, quienes la trasladaron de forma oportuna al Hospital San Rafael, en Santa Tecla.
El caso fue judicializado por la oficina fiscal de La Libertad Sur-Zaragoza, a través de su Unidad de Atención Especializada para las Mujeres, misma que logró recopilar las pruebas pertinentes durante la etapa de instrucción del proceso.
Durante el desarrollo del juicio, el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador evaluó el expediente clínico de la víctima cuando fue ingresada de emergencia al nosocomio tras la ingesta involuntaria del veneno y pericia de trabajo social en la cual se reflejaba las condiciones en las cuales permanecía la víctima y su entorno familiar y social.
Tras la valoración de los elementos probatorios, la jueza especializada determinó que el imputado es el autor directo de los hechos por lo que se le impuso una pena de 15 años de prisión.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
