Judicial
Hombre es condenado por agresión sexual contra una menor de ocho años en Ahuachapán
La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la Fiscalía General de la República con sede en Ahuachapán, logró la condena de 12 años de prisión, contra Isaías Ruiz Martínez, de 50 años de edad; después de que un Tribunal lo encontrara culpable del delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz, en perjuicio de una menor de ocho años de edad; hecho ocurrido entre octubre y diciembre del año 2017, en el municipio de Turín, informó el jefe de esta sede Fiscal, Cristobal Hernández.
La investigación se origina después de la denuncia interpuesta por la madre de la menor, en la PNC de Turín, departamento de Ahuachapán, el 21 de diciembre de 2017, la FGR, gira la orden de detención administrativa contra Isaías Ruiz Martínez, y es efectiva el 13 de enero de 2018, acusado del delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz
La vista pública se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, el 21 de septiembre de 2018, donde la Fiscal del caso, presentó las pruebas de tipo pericial, documental, incluyendo la declaración anticipada de la víctima a través de la Cámara Gesell, peritajes de genitales y psicológico de la víctima; evidencias que valoró el Tribunal para condenar al imputado, a una pena de 12 años de prisión.
La madre de la víctima, en su denuncia manifestó que su hija junto a su familia fueron a visitar a su abuela, la niña decidió ir a llamar a su prima para que jugaran, a una casa que se encuentra en medio de la propiedad de su abuelita, por lo que fue a la casa de su prima, pero no la encontró y solo encontró en una hamaca, a Isaías Ruiz Martínez, el cual cuando paso cerca la niña, la halo fuerte y le empezó a tocar sus partes íntimas por encima de su ropa; ella se puso a llorar y se le quiso halar y salir corriendo, pero este no la dejaba y le pego una cachetada, y le dijo que si les decía a sus padres le iba a pegar más duro, fue por eso que cuando llego a donde sus padres, no les dijo nada.
Y fue hasta en la noche del 21 de Diciembre de 2017, cuando sus padres platicaban con la menor, ella les dijo como había sido todo, agregando la niña que no fue solo ese día, si no que en otras ocasiones le había pasado lo mismo; recordando que en una de esas ocasiones este sujeto de igual forma la halo fuertemente de la mano, que ella grito y este sujeto la amenazo que si decía algo le iba apegar.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
