Judicial
Hombre a juicio por tener conexión ilegal de agua y energía eléctrica en su vivienda
Un conductor de la ruta 26 enfrenta un proceso judicial luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaran que el servicio de agua y luz que tenía en su vivienda era obtenido de manera ilegal.
El 7 de septiembre de 2016, Juan Isaac Villeda Fuentes, de 29 años de edad, se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio San Jacinto de San Salvador. Al lugar llegaron agentes que desarrollaron uno de los operativos denominado «Casa Segura».
Dos agentes observaron el comportamiento sospechoso del hombre, quien al verlos salió corriendo hasta su vivienda. En lugar de hacerlo pasar por desapercibido, el hombre alertó a los agentes quienes procedieron a su revisión.
Según el expediente judicial, los agentes tocaron la puerta y el hombre salió, no le quedaba de otra que enfrentarse a los policías. Ante preguntas por el inmueble, el imputado explicó que tenía apenas un mes de residir en la zona y que pagaba $60 de renta.
Luego de una breve plática, uno de los policías le solicitó los recibos de agua y de luz eléctrica. Con temor y sin saber qué hacer Villeda dijo que no tenía los documentos ya que el dueño de la vivienda, a quien conocía como Juan, no le daba los recibos del servicio.
Los policías extrañados escucharon las explicaciones del hombre quien agregó que las conexiones estaban de forma directa sin tener medidor, es decir, que no tenían un registro para poder ser cobrados.
La explicación no convenció a los agentes, quienes procedieron su captura como parte del plan que desde hace unos años tiene la Policía para recuperar viviendas que han sido usurpadas o, como en este caso, que tienen servicios de manera ilegal.
Villeda no se imaginó que salir de su casa un rato le iba a traer tantos problemas, ya que según el expediente judicial, las autoridades han determinado que cometió el delito de hurto de servicios de energía o fluidos.
El proceso es llevado por tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en el que se determinará si él tiene o no alguna responsabilidad por los hechos señalados.
Según el artículo 211 del Código Penal, las personas que utilicen ilícitamente los servicios de energía eléctrica, agua o servicio telefónico será sancionadas con multa de treinta a cuarenta días multa.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
