Un conductor de la ruta 26 enfrenta un proceso judicial luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaran que el servicio de agua y luz que tenía en su vivienda era obtenido de manera ilegal.

El 7 de septiembre de 2016, Juan Isaac Villeda Fuentes, de 29 años de edad, se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio San Jacinto de San Salvador. Al lugar llegaron agentes que desarrollaron uno de los operativos denominado «Casa Segura».

Dos agentes observaron el comportamiento sospechoso del hombre, quien al verlos salió corriendo hasta su vivienda. En lugar de hacerlo pasar por desapercibido, el hombre alertó a los agentes quienes procedieron a su revisión. 

Según el expediente judicial, los agentes tocaron la puerta y el hombre salió, no le quedaba de otra que enfrentarse a los policías. Ante preguntas por el inmueble, el imputado explicó que tenía apenas un mes de residir en la zona y que pagaba $60 de renta.

Luego de una breve plática, uno de los policías le solicitó los recibos de agua y de luz eléctrica. Con temor y sin saber qué hacer Villeda dijo que no tenía los documentos ya que el dueño de la vivienda, a quien conocía como Juan, no le daba los recibos del servicio.

Los policías extrañados escucharon las explicaciones del hombre quien agregó que  las conexiones estaban de forma directa sin tener medidor, es decir, que no tenían un registro para poder ser cobrados. 

La explicación no convenció a los agentes, quienes procedieron su captura como parte del plan que desde hace unos años tiene la Policía para recuperar viviendas que han sido usurpadas o, como en este caso, que tienen servicios de manera ilegal.

Villeda no se imaginó que salir de su casa un rato le iba a traer tantos problemas, ya que según el expediente judicial, las autoridades han determinado que cometió el delito de hurto de servicios de energía o fluidos.

El proceso es llevado por tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en el que se determinará si él tiene o no alguna responsabilidad por los hechos señalados.

Según el artículo 211 del Código Penal,  las personas que utilicen ilícitamente los servicios de energía eléctrica, agua o servicio telefónico será sancionadas con multa de treinta a cuarenta días multa.