Judicial
Hombre a juicio por tener conexión ilegal de agua y energía eléctrica en su vivienda
Un conductor de la ruta 26 enfrenta un proceso judicial luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaran que el servicio de agua y luz que tenía en su vivienda era obtenido de manera ilegal.
El 7 de septiembre de 2016, Juan Isaac Villeda Fuentes, de 29 años de edad, se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio San Jacinto de San Salvador. Al lugar llegaron agentes que desarrollaron uno de los operativos denominado «Casa Segura».
Dos agentes observaron el comportamiento sospechoso del hombre, quien al verlos salió corriendo hasta su vivienda. En lugar de hacerlo pasar por desapercibido, el hombre alertó a los agentes quienes procedieron a su revisión.
Según el expediente judicial, los agentes tocaron la puerta y el hombre salió, no le quedaba de otra que enfrentarse a los policías. Ante preguntas por el inmueble, el imputado explicó que tenía apenas un mes de residir en la zona y que pagaba $60 de renta.
Luego de una breve plática, uno de los policías le solicitó los recibos de agua y de luz eléctrica. Con temor y sin saber qué hacer Villeda dijo que no tenía los documentos ya que el dueño de la vivienda, a quien conocía como Juan, no le daba los recibos del servicio.
Los policías extrañados escucharon las explicaciones del hombre quien agregó que las conexiones estaban de forma directa sin tener medidor, es decir, que no tenían un registro para poder ser cobrados.
La explicación no convenció a los agentes, quienes procedieron su captura como parte del plan que desde hace unos años tiene la Policía para recuperar viviendas que han sido usurpadas o, como en este caso, que tienen servicios de manera ilegal.
Villeda no se imaginó que salir de su casa un rato le iba a traer tantos problemas, ya que según el expediente judicial, las autoridades han determinado que cometió el delito de hurto de servicios de energía o fluidos.
El proceso es llevado por tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en el que se determinará si él tiene o no alguna responsabilidad por los hechos señalados.
Según el artículo 211 del Código Penal, las personas que utilicen ilícitamente los servicios de energía eléctrica, agua o servicio telefónico será sancionadas con multa de treinta a cuarenta días multa.
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
