Judicial
Hombre a juicio por tener conexión ilegal de agua y energía eléctrica en su vivienda
Un conductor de la ruta 26 enfrenta un proceso judicial luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaran que el servicio de agua y luz que tenía en su vivienda era obtenido de manera ilegal.
El 7 de septiembre de 2016, Juan Isaac Villeda Fuentes, de 29 años de edad, se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio San Jacinto de San Salvador. Al lugar llegaron agentes que desarrollaron uno de los operativos denominado «Casa Segura».
Dos agentes observaron el comportamiento sospechoso del hombre, quien al verlos salió corriendo hasta su vivienda. En lugar de hacerlo pasar por desapercibido, el hombre alertó a los agentes quienes procedieron a su revisión.
Según el expediente judicial, los agentes tocaron la puerta y el hombre salió, no le quedaba de otra que enfrentarse a los policías. Ante preguntas por el inmueble, el imputado explicó que tenía apenas un mes de residir en la zona y que pagaba $60 de renta.
Luego de una breve plática, uno de los policías le solicitó los recibos de agua y de luz eléctrica. Con temor y sin saber qué hacer Villeda dijo que no tenía los documentos ya que el dueño de la vivienda, a quien conocía como Juan, no le daba los recibos del servicio.
Los policías extrañados escucharon las explicaciones del hombre quien agregó que las conexiones estaban de forma directa sin tener medidor, es decir, que no tenían un registro para poder ser cobrados.
La explicación no convenció a los agentes, quienes procedieron su captura como parte del plan que desde hace unos años tiene la Policía para recuperar viviendas que han sido usurpadas o, como en este caso, que tienen servicios de manera ilegal.
Villeda no se imaginó que salir de su casa un rato le iba a traer tantos problemas, ya que según el expediente judicial, las autoridades han determinado que cometió el delito de hurto de servicios de energía o fluidos.
El proceso es llevado por tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador en el que se determinará si él tiene o no alguna responsabilidad por los hechos señalados.
Según el artículo 211 del Código Penal, las personas que utilicen ilícitamente los servicios de energía eléctrica, agua o servicio telefónico será sancionadas con multa de treinta a cuarenta días multa.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
