Judicial
Historial pandilleril de “El Thunder» habría provocado que un grupo exterminio acabara con la vida de su madre y hermanos
Luis Alberto Castillo Aguirre, alias “El Thunder», de 20 años, integrante de una estructura delincuencial y quien estuvo en la lista de “los 100 más buscados” fue condenado a 20 años de prisión por quitar la vida de una mujer.
La víctima fue identificada como Mercedes Iglesias Garay, de 48 años. Fue lesionada en varias ocasiones por este sujeto a mediados del 2017.
El hecho ocurrió en la casa de la mujer en el caserío Los Iglesias, del cantón La Fragua, del municipio de Moncagua, departamento de San Miguel.
Testigos presenciales y quienes brindaron su declaración ante un tribunal sostienen que un grupo de sujetos, miembros de la MS, llegaron al lugar, pero quien arremetió contra la señora fue Castillo Aguirre.
El dictamen forense estableció que la mujer perdió la vida por un “traumatismo craneoencefálico severo, producido por proyectiles” indicó una fuente judicial.
“El Thunder” figuró en la lista de los 100 más buscados, por quien la Policía Nacional Civil (PNC) ofreció una recompensa para quien contribuya a su captura, por el riesgo que representaba para la población.
Castillo Aguirre, fue detenido en agosto del año 2017, en la colonia La Esperanza de San Miguel, a quien se le acusó de operar en los municipios de Moncagua, Chapeltique y Lolotique.
En agosto del año 2017, también su madre, dos hermanas y un hermano perdieron la vida a manos de un supuesto grupo de exterminio.
Sus cuerpos abandonados a la orilla de la carretera Panamericana, cerca del kilómetro 115, del cantón Los Planes, del municipio de Guadalupe.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
