Judicial
Fiscalía investigará la muerte de ingeniero que se encontraba en cuarentena

La Fiscalía General de la República (FGR), dio inicio a las investigaciones en torno a la muerte del ingeniero Óscar Méndez, en un centro de cuarentena donde fue albergado por el Ministerio de Salud tras su retorno al país, procedente de Panamá.
A través de su cuenta de Twitter la FGR confirmó las investigaciones. «La Fiscalía informa que desde el día ayer, se ha iniciado investigación en relación al caso de fallecido en hotel situado en Antiguo Cuscatlán. Para no no revictimizar a la familia doliente, no se brindarán más detalles del caso por el momento», informó.
Dina de Méndez, esposa del fallecido, denunció ayer que su esposo no recibió atención médica y que no permitió el ingreso de medicamentos especializados por presentar un problema en los riñones. Según pruebas habría dado negativo a coronavirus.
Por su parte, el Gobierno informó en un corto comunicado que la causa de fallecimiento del farmacéutico fue un por paro respiratorio. El cadáver fue localizado en una habitación del hotel Beverly Hills, donde había sido puesto en cuarentena.
Ingresó al país desde Panamá y fue puesto en cuarentena en un albergue de Villa Olímpica (ahora cerrado), en Mejicanos, donde se localizaron varios casos positivos del virus.
Tras el cierre del albergue de Mejicanos fue enviado al hotel Beverly Hills, junto a 18 personas más, por presentar fiebre. Sin embargo, su esposa afirma que no se le proporcionaron los medicamentos indicados.
«El paciente, que tenía un padecimiento prostático e infección urinaria, experimentó una disnea súbita. El Gobierno lamenta el deceso y se solidariza con su familia, pero reitera que se cumplieron todos los protocolos de atención necesarios en este caso», finaliza el comunicado del Gobierno.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Judicial
Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.