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FGR obtuvo condenas de prisión hasta de 1,455 años de cárcel contra estructura dedicada al narcotráfico en el “Caso Nexos-Narcos”
La Fiscalía general de la República, FGR, dio a conocer que el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los 15 y 1,455 años de prisión en contra de 29 procesados, vinculados en el caso denominado “Nexos Narcos”.
Entre los imputados se encuentra Luis Alejandro Cruz Lorenzana, a quien se le impuso una pena 1,445 años de prisión por haber participado en al menos 93 casos de tráfico de drogas y diez casos de cohecho propio.
Otro sentenciado fue Miguel Ayala, con una pena de 615 años al ser declarado culpable por 41 casos de tráfico de droga. Además, pena de 435 años para José Adán Silva Bercían, por 29 casos de tráfico de droga.
Dos exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uno de ellos Melvin Mata, recibió 48 años de cárcel por seis casos de cohecho propio. Otro agente, Samuel Acosta, fue condenado a 36 años por seis casos de cohecho propio.
También dos mujeres recibieron sanción carcelaria, una de ellas es Claudia de Álvarez, con 240 años de prisión por 16 casos de tráfico de droga y Karla Hernández, quien recibió 45 años, por tres casos.
El Juez Especializado en su fallo fundamentó que, con los audios, quedó evidenciado que los ahora condenados tenían contacto con personas de otros países para la compra de drogas; además, señaló que en algunos audios hablaban de comprar un lugar para distribuir el producto en toda la costa.
Con toda la prueba expuesta en audiencia por los fiscales de la Unidad Especializada, se demostró que ellos traficaron droga como éxtasis, cocaína, marihuana y drogas sintéticas que ellos mismos elaboraban.
Durante el juicio se contó con la declaración de testigos que realizaron seguimientos a los ahora condenados, con lo que quedaba en evidencia todos los ilícitos de transacción de drogas, movimientos de drogas y elaboración de drogas que los procesados ejecutaron.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
