Judicial
FGR condena a pandilleros de la MS con penas de hasta 172 años prisión
Un total de 37 miembros de la MS13, dentro de los cuales están tres cabecillas, que delinquían en cuatro municipios del departamento de San Miguel fueron declarados responsables de 19 homicidios agravados, tres privaciones de libertad, dos robos agravados y agrupaciones Ilícitas.
Los delitos fueron cometidos entre el año 2009 y 2015 en los municipios de Chapeltique, Moncagua, Ciudad Barrios y San Miguel, explicó la Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la sede de San Miguel.
Entre los condenados está el cabecilla Óscar Armando Pereira Vigil, sentenciado a 172 años de cárcel, por ocho homicidios cometidos entre el 2014 y 2015. Además, se le sumaron las condenas de dos Privaciones de Libertad.
Las víctimas eran personas que ellos consideraban que estaban en contra de la organización criminal; por pertenecer a la pandilla contraria, otros por calificarlos como traidores, o porque delinquían a nombre de la mara.
Yoni de La Paz Martínez Amaya purgará 160 años de prisión, por ocho homicidios, seis de los cuales se cometieron en el año 2014 y 2015.
Mientras que Ronald Fabricio Argueta Castro, se le impusieron 106 años de prisión, por cinco Homicidios Agravados y una Privación de Libertad.
Los tres terroristas anteriores son los autores intelectuales de las acciones delincuenciales y daban las órdenes desde los penales de Ciudad Barrios, San Francisco Gotera y Chalatenango.
También el marero Alex Okley Romero estará en la cárcel 80 años, mientras que Yony Alexis Arriaza Salamanca a 66 años.
A 40 años de cárcel fueron condenados: Joe de Jesús Alemán Rivera, Francisco Antonio Silva Hernández, Ángel Antonio Aguilera Romero y Evany Mauricio Cruz Fuentes.
Otros de los miembros del grupo delincuencial, identificado como Normandy Locos Salvatruchos purgarán penas de 20 y 29 años de prisión.
El juicio contra la estructura se desarrolló durante siete días en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel que emitió las sentencias condenatorias.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
