Judicial
FGR apela fallo de Cámara en caso del magistrado Escalante y «ser una resolución eminentemente falta de todo criterio de análisis jurisprudencial
Fiscales de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia y otros grupos de condición de vulnerabilidad presentaron un recurso de apelación al fallo de la Cámara Primera de lo Penal que resolvió a favor del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y señaló que el hecho de tocar a una niña con ropa y de forma instantánea, no constituía un delito sino una falta.
La directora nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia, la fiscal Marina de Ortega, dijo que para ellos la resolución de los magistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo revictimiza a la menor y no analiza la conducta del imputado, además no tomaron en cuenta «jurisprudencia renovada», donde la Sala de lo Penal estableció que tocamientos y caricias son delito.
«Para Fiscalía General de la República como representantes de la sociedad y en este caso de los derechos de la víctima no vamos a permitir que resoluciones como estas que presentan un mal precedente a la sociedad, sigan emitiéndose. En este caso estamos recurriendo por ser una resolución eminentemente falta de todo criterio, de análisis jurisprudencial, de análisis del contenido de los derechos de la niñez y en este caso, efectivamente, se han vulnerado los derechos de la niña con una resolución revictimizante, por medio de la cual se está culpabilizando a una niña de 10 años y no se está haciendo el contexto de análisis de la conducta del adulto», dijo esta mañana de Ortega, tras presentar la apelación.
Según la fiscal, con la apelación buscan revertir «la puerta» para que estos hechos no se vuelvan a cometer.
El pasado 6 de noviembre, la Cámara Primera de lo Penal entregó la resolución escrita y estableció que habían cinco características, por las que el delito de agresión sexual no se constituía en los hechos imputados a Escalante Díaz.
La Cámara señaló en su fallo escrito que el tocamiento ocurrió sobre la ropa de la niña, fue instantáneo, ocurrió en la vía pública, la niña estaba en compañía de otro niño y además la víctima se descuidó.
El fallo dejó en libertad al magistrado Escalante, pero el pasado viernes 8 de noviembre, la misma Cámara notificó un arresto domiciliar ordenado por la Sala de lo Penal en septiembre pasado.
A partir de hoy, la defensa del magistrado Escalante tiene cinco días para contestar la apelación y luego la Cámara deberá enviarla a la Sala de lo Penal para que resuelva en segunda instancia.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
