Judicial
FGR apela fallo de Cámara en caso del magistrado Escalante y «ser una resolución eminentemente falta de todo criterio de análisis jurisprudencial
Fiscales de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia y otros grupos de condición de vulnerabilidad presentaron un recurso de apelación al fallo de la Cámara Primera de lo Penal que resolvió a favor del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y señaló que el hecho de tocar a una niña con ropa y de forma instantánea, no constituía un delito sino una falta.
La directora nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia, la fiscal Marina de Ortega, dijo que para ellos la resolución de los magistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo revictimiza a la menor y no analiza la conducta del imputado, además no tomaron en cuenta «jurisprudencia renovada», donde la Sala de lo Penal estableció que tocamientos y caricias son delito.
«Para Fiscalía General de la República como representantes de la sociedad y en este caso de los derechos de la víctima no vamos a permitir que resoluciones como estas que presentan un mal precedente a la sociedad, sigan emitiéndose. En este caso estamos recurriendo por ser una resolución eminentemente falta de todo criterio, de análisis jurisprudencial, de análisis del contenido de los derechos de la niñez y en este caso, efectivamente, se han vulnerado los derechos de la niña con una resolución revictimizante, por medio de la cual se está culpabilizando a una niña de 10 años y no se está haciendo el contexto de análisis de la conducta del adulto», dijo esta mañana de Ortega, tras presentar la apelación.
Según la fiscal, con la apelación buscan revertir «la puerta» para que estos hechos no se vuelvan a cometer.
El pasado 6 de noviembre, la Cámara Primera de lo Penal entregó la resolución escrita y estableció que habían cinco características, por las que el delito de agresión sexual no se constituía en los hechos imputados a Escalante Díaz.
La Cámara señaló en su fallo escrito que el tocamiento ocurrió sobre la ropa de la niña, fue instantáneo, ocurrió en la vía pública, la niña estaba en compañía de otro niño y además la víctima se descuidó.
El fallo dejó en libertad al magistrado Escalante, pero el pasado viernes 8 de noviembre, la misma Cámara notificó un arresto domiciliar ordenado por la Sala de lo Penal en septiembre pasado.
A partir de hoy, la defensa del magistrado Escalante tiene cinco días para contestar la apelación y luego la Cámara deberá enviarla a la Sala de lo Penal para que resuelva en segunda instancia.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
