Judicial
FGR apela fallo de Cámara en caso del magistrado Escalante y «ser una resolución eminentemente falta de todo criterio de análisis jurisprudencial
Fiscales de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia y otros grupos de condición de vulnerabilidad presentaron un recurso de apelación al fallo de la Cámara Primera de lo Penal que resolvió a favor del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y señaló que el hecho de tocar a una niña con ropa y de forma instantánea, no constituía un delito sino una falta.
La directora nacional de la Mujer, Niñez y Adolescencia, la fiscal Marina de Ortega, dijo que para ellos la resolución de los magistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo revictimiza a la menor y no analiza la conducta del imputado, además no tomaron en cuenta «jurisprudencia renovada», donde la Sala de lo Penal estableció que tocamientos y caricias son delito.
«Para Fiscalía General de la República como representantes de la sociedad y en este caso de los derechos de la víctima no vamos a permitir que resoluciones como estas que presentan un mal precedente a la sociedad, sigan emitiéndose. En este caso estamos recurriendo por ser una resolución eminentemente falta de todo criterio, de análisis jurisprudencial, de análisis del contenido de los derechos de la niñez y en este caso, efectivamente, se han vulnerado los derechos de la niña con una resolución revictimizante, por medio de la cual se está culpabilizando a una niña de 10 años y no se está haciendo el contexto de análisis de la conducta del adulto», dijo esta mañana de Ortega, tras presentar la apelación.
Según la fiscal, con la apelación buscan revertir «la puerta» para que estos hechos no se vuelvan a cometer.
El pasado 6 de noviembre, la Cámara Primera de lo Penal entregó la resolución escrita y estableció que habían cinco características, por las que el delito de agresión sexual no se constituía en los hechos imputados a Escalante Díaz.
La Cámara señaló en su fallo escrito que el tocamiento ocurrió sobre la ropa de la niña, fue instantáneo, ocurrió en la vía pública, la niña estaba en compañía de otro niño y además la víctima se descuidó.
El fallo dejó en libertad al magistrado Escalante, pero el pasado viernes 8 de noviembre, la misma Cámara notificó un arresto domiciliar ordenado por la Sala de lo Penal en septiembre pasado.
A partir de hoy, la defensa del magistrado Escalante tiene cinco días para contestar la apelación y luego la Cámara deberá enviarla a la Sala de lo Penal para que resuelva en segunda instancia.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
