Judicial
Exfiscales generales de Guatemala y El Salvador huyen tras encontrárseles presuntos actos de corrupción durante sus gestiones
La Fiscal General del Ministerio Público (MP) de Guatemala ha confirmado haber girado una orden de captura contra la exfiscal general, Thelma Aldana, según lo ha dado a conocer la actual fiscal de Consuelo Porras.
La titular de ese ministerio ha dicho que hay una orden de captura internacional contra Aldana, en una escueta respuesta a los medios locales.
El oficio está firmado por el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, quien solicita al jefe interino de la Interpol en Guatemala Haroldo Vásquez que gestione la emisión de una “alerta roja” para ubicar y extraditar a Thelma Aldana, quien enfrenta una denuncia sobre supuestas contrataciones irregulares cuando estuvo al frente de la institución.
Aldana es señalada de autorizar la contratación de Gustavo Bonilla, para dar capacitación al Ministerio Público. Bonilla es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos y fungió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en el mismo período en que Aldana fue magistrada.
La ex titular de Ministerio Público salió de Guatemala, aunque fue proclamada por el partido Semilla candidata presidencial, un día antes que se girara la orden de captura en Guatemala.
En El Salvador.
Un caso similar de presunta corrupción enfrenta el también exfiscal de El Salvado, Douglas Meléndez, tras ser denunciado por empleados y fiscales de presuntas torturas y violación a los derechos humanos de los demandados.
Los fiscales y trabajadores confesaron en su momento que fueron víctimas de torturas y acciones arbitrarias por parte del exfiscal Meléndez y su equipo más cercano de trabajo encabezado por su primo Wil Walter Ruiz y el fiscal Jorge Cortez (Jefe de la UIF) para obligarlos a ser “testigos criteriados y a mentir” y así fabricar el caso CORRUPTELA y perjudicar al empresario Enrique Rais, al exfiscal Luis Martínez, entre otros.
Según fuentes que ha pedido reserva total de sus nombres han indicado que el exfiscal general, Douglas Meléndez, al conocer de las demandas en su contra, habría huido ya a la ciudad de Tampa, Florida en Estados Unidos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
