Judicial
Exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán es condenado a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas
Narciso «Chicho» Ramírez, exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, fue condenado el jueves 1 de junio a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Junto a Ramírez fueron condenadas otras 22 personas que junto a él conformaron una banda de tráfico de personas (coyotes) que cobraban a sus víctimas para transportarlas de forma irregular a Estados Unidos.
La condena fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, que declaró culpables al exalcade y a la banda de traficantes de personas que él lideró.
La Fiscalía General de la República aseguró que Ramírez fue uno de los cabecillas de esta «compleja» banda de coyotes que comenzó a ser investigada desde el año 2018. El fiscal que lideró la acusación en el juzgado dijo que los integrantes de la estructura tenían diferentes funciones. «Unos dirigían, otros eran los promotores de los viajes ilegales hacia los Estados Unidos, otros hacían labores de coordinación para el traslado y albergue. Los colaboradores ejercían labores de vigilancia de la presencia policial y otros eran los guías para trasladarlos a puntos ciegos de la frontera en el occidente del país», dijo.
En total, la Fiscalía logró identificar a 44 víctimas de la banda de traficantes de «Chicho» Ramírez, entre ellos menores de edad, de nacionalidad hondureña, guatemalteca y nicaragüense, que fueron engañadas por esa estructura y que llegaron a pagar entre $5,000 y $17,000 por viaje.
Ramírez fue alcalde de San Francisco Menéndez en cuatro períodos, entre 2006 y 2018, bajo la bandera de distintos partidos políticos, como PDC, Arena y GANA. El exalcalde incluso fue investigado y acusado por el mismo delito de tráfico de personas en el año 2002, antes de involucrarse en la política, pero resultó absuelto de cargos.
Siendo alcalde, en 2010, protagonizó un tiroteo en el que resultó con heridas de gravedad y fue hospitalizado y en el que murieron un guardaespaldas suyo, el empresario guatemalteco Pedro Crespín y su guardaespaldas. En esa ocasión el exalcalde tampoco tuvo consecuencias legales.
Otro de los cabecillas de la banda del exalcalde es Pedro Alfonso Aguirre Rivas, quien recibió la condena más fuerte, 76 años de cárcel. Mientras que Wilfredo Alejandro Castro Morán fue condenado a 50 años de prisión. Ambos por los mismos delitos que «Chicho» Ramírez.
La Fiscalía informó que otros condenados fueron Walter Otoniel Aguirre Rivas, a 49 años de prisión; José Rutilio Martínez, a 47 años; Éber Ricardo Gómez, a 43 años; Ronaldo Iván Sánchez Pérez, a 41 años; Erick Adalid Silva Ramírez, a 39 años; Sara Beatriz López de Aguirre, a 25 años; Cora Maritza Alas, Mileydi Maricies Menéndez Salinas y Brenda Roxana Caishpal Valencia, a 23 años; y José Oliberto Martínez Castro, Raúl Humberto Alas Arévalo y William Ernesto Carrillo García, a 21 años.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
