Judicial
Exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán es condenado a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas
Narciso «Chicho» Ramírez, exalcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, fue condenado el jueves 1 de junio a 30 años de cárcel por tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Junto a Ramírez fueron condenadas otras 22 personas que junto a él conformaron una banda de tráfico de personas (coyotes) que cobraban a sus víctimas para transportarlas de forma irregular a Estados Unidos.
La condena fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, que declaró culpables al exalcade y a la banda de traficantes de personas que él lideró.
La Fiscalía General de la República aseguró que Ramírez fue uno de los cabecillas de esta «compleja» banda de coyotes que comenzó a ser investigada desde el año 2018. El fiscal que lideró la acusación en el juzgado dijo que los integrantes de la estructura tenían diferentes funciones. «Unos dirigían, otros eran los promotores de los viajes ilegales hacia los Estados Unidos, otros hacían labores de coordinación para el traslado y albergue. Los colaboradores ejercían labores de vigilancia de la presencia policial y otros eran los guías para trasladarlos a puntos ciegos de la frontera en el occidente del país», dijo.
En total, la Fiscalía logró identificar a 44 víctimas de la banda de traficantes de «Chicho» Ramírez, entre ellos menores de edad, de nacionalidad hondureña, guatemalteca y nicaragüense, que fueron engañadas por esa estructura y que llegaron a pagar entre $5,000 y $17,000 por viaje.
Ramírez fue alcalde de San Francisco Menéndez en cuatro períodos, entre 2006 y 2018, bajo la bandera de distintos partidos políticos, como PDC, Arena y GANA. El exalcalde incluso fue investigado y acusado por el mismo delito de tráfico de personas en el año 2002, antes de involucrarse en la política, pero resultó absuelto de cargos.
Siendo alcalde, en 2010, protagonizó un tiroteo en el que resultó con heridas de gravedad y fue hospitalizado y en el que murieron un guardaespaldas suyo, el empresario guatemalteco Pedro Crespín y su guardaespaldas. En esa ocasión el exalcalde tampoco tuvo consecuencias legales.
Otro de los cabecillas de la banda del exalcalde es Pedro Alfonso Aguirre Rivas, quien recibió la condena más fuerte, 76 años de cárcel. Mientras que Wilfredo Alejandro Castro Morán fue condenado a 50 años de prisión. Ambos por los mismos delitos que «Chicho» Ramírez.
La Fiscalía informó que otros condenados fueron Walter Otoniel Aguirre Rivas, a 49 años de prisión; José Rutilio Martínez, a 47 años; Éber Ricardo Gómez, a 43 años; Ronaldo Iván Sánchez Pérez, a 41 años; Erick Adalid Silva Ramírez, a 39 años; Sara Beatriz López de Aguirre, a 25 años; Cora Maritza Alas, Mileydi Maricies Menéndez Salinas y Brenda Roxana Caishpal Valencia, a 23 años; y José Oliberto Martínez Castro, Raúl Humberto Alas Arévalo y William Ernesto Carrillo García, a 21 años.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
