Judicial
Ernesto Muyshondt se presenta a firmar a los juzgados de San Salvador
Al Juzgado 2° de Instrucción de San Salvador se presentó el pasado viernes a firmar el alcalde de San Salvador Ernesto Luis Muyshondt. En los próximos días se espera que se presenten el exministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia; el exministro de Seguridad, Benito Lara; y Wilson Alexander Alvarado.
Los cuatro, junto al columnista Paolo Luers y Raúl Mijango son procesados por agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Los seis incoados fueron informados recientemente sobre el inicio de la fase de instrucción formal, el cual concluye el próximo 19 de diciembre asimismo, se les notificó que tienen que estarse presentando a firmar como una medida alterna a la detención.
Respecto Paolo Luers no tiene ninguna medida en su contra más que el pago de una caución económica; mientras que Mijango guarda prisión por una condena de extorsión.
En el caso de Valencia, Lara y Muyshondt se supone que negociaron con líderes de pandillas a quienes ofrecieron miles de dólares a cambio de que votaron por sus candidatos presidenciales en las elecciones de 2014.
En cuanto a Luers, Mijango y Alvarado habrían actuado como mediadores e incluso como voceros de los partidos en contienda.
En este caso también se involucró al diputado Norman Quijano, quien no fue desaforado por la Asamblea y al alcalde de Ilopango Salvador Ruano, quien ya falleció.
En la audiencia inicial celebrada el 7 de febrero de este año, los imputados pasaron a la etapa de instrucción con aplicación de medidas sustitutivas, entre estas, no salir del país, presentarse a firmar al juzgado y rendir una caución económica de entre 5 mil y 10 mil dólares.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
