Judicial
Envían a prisión a hombre que abuso de su hija de seis años y a su hijo de cuatro
El 2015 será un año que Silvia (todos los nombres han sido cambiados para proteger a la víctima) no podrá olvidar. Y no por buenos momentos. En el mes de septiembre descubrió que su compañero de vida, identificado como Rafael A., un hombre de 31 años de edad, había abusado sexualmente de su hija, Karla, una niña de seis años de edad. Esto fue solo el inicio de un calvario, porque días después se dio cuenta de que su hijo José, de cuatro años, también fue víctima de su padre.
El 22 de septiembre de ese año, tras darse cuenta de la agresión a su hija, la mujer decidió abandonar al sujeto, un empleado de una ruta de buses del transporte colectivo, e irse de su vivienda, ubicada en un municipio de San Salvador, por lo que tomó las pertenencias de los menores, las de ella y se retiraron.
Los días pasaron y la incomodidad de Silvia contra Rafael no se desvanecía. No sabía qué hacer hasta que inocentemente José empezó a comentar -con sus cortas palabras- algo que la hizo interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR): su papá le tocó su área genital.
Fue hasta el 11 de febrero de 2017, cuando el niño ya tenía seis años de edad, reveló lo ocurrido con ayuda psicológica y se abrió un caso en contra de su padre.
“Él (Rafael) aprovechaba a tocar al niño en el cuarto de la casa cuando me iba a dejar a mi hija a la escuela, cuando iba a iglesia o cuando ponía mi venta de enchiladas”, comentó la madre de las víctimas.
Luego de un proceso judicial, desarrollado por el Tribunal 4° de Sentencia, bajo el delito de agresión sexual en menor de edad agravada continuada, el hombre obtuvo una condena de 16 años de prisión.
Dos testigos de descargo, es decir que estarían a favor del imputado, no lograron ser contactados ni citados por el tribunal por residir en una zona asediada por pandillas.
No es primera vez que comparece en un juicio
La condena de 16 años de cárcel impuesta a Rafael por parte del Tribunal 4° de Sentencia fue la segunda que encontró en el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, luego de haber sido procesado por agredir sexualmente a su hijo, quien hoy tiene siete años.
La primera ocasión en que el hombre había comparecido en tribunales fue en 2016, cuando a uno de los jueces se le expuso el caso de violación que este habría cometido en contra de Karla, cuando ella tenía seis años. Actualmente, la niña tiene nueve años de edad.
En esa ocasión, el hombre fue acusado por la FGR por el delito de violación en menor agravada y por agresión sexual en menor o incapaz, y fue condenado a 42 años de prisión. Con la nueva condena, se suman 58 años que el hombre pague en prisión en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde ha estado recluido desde que inició el proceso.
Pero no solo son esos dos hechos los que a este sujeto se le imputan. Silvia también interpuso una denuncia más: la de violación contra su hijo José.
Un peritaje realizado por el IML confirmó el abuso sexual del menor, tras tomar una serie de evidencias, pues un primer momento solo se sabía que lo había agredido, pero no violado.
El un peritaje psicológico realizado a la víctima determinó que el niño estuvo expuesto a abusos, pues trata temas sexuales que no están acorde a su edad. Durante un tratamiento psiquiátrico, que duró 10 meses, se estableció una conducta sexualizada.
El Tribunal 6° de Sentencia será el encargado de instalar la audiencia de vista pública en contra de Rafael, esta vez por violación. De ser condenado, el sujeto seguirá sumando más años tras las rejas.
Por: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
