Judicial
Encuentran marihuana al interior de bolsas de cereal que transportaba una mujer
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Maritza Lisseth C., de 32 años, por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Durante la audiencia preliminar, la Jueza ratificó las medidas alternas a la detención provisional de las que goza la imputada. El control de estas medidas continuará siendo monitoreado por medio del sistema de vigilancia electrónica (brazalete con movimientos geográficos).
Los hechos por los que está siendo procesada ocurrieron el 10 de julio del año 2019, cuando agentes de la subdelegación fronteriza de San Cristóbal, en Candelaria de la Frontera, realizaban un control vehicular en el Kilómetro 95 de la carretera Panamericana, frente al predio OIRSA, del cantón Piedras Azules.
De acuerdo con los agentes captores, de manera rutinaria hicieron señal de alto a un autobús del transporte colectivo de la ruta 236; luego, comenzaron a hacer una requisa selectiva de pasajeros, observando que casi al final de la unidad había una mujer que tenía en sus piernas una cartera negra y se mostró nerviosa ante la presencia policial, por lo que un agente le solicitó revisar su cartera y ella accedió.
En el interior, el policía encontró una bolsa de cereal sellada, pero al sentir su peso le pareció sospechoso, por lo que revisó su contenido y observó tres porciones medianas de material sospechoso envueltas con papel aluminio.
La mujer fue llevada a la División Antinarcóticos (DAN) y al hacerle la prueba de campo al material vegetal que iba dentro de los paquetes de aluminio determinaron que se trataba de droga marihuana, cuyo peso fue de 251.2 gramos, con los cuales se pudieron haber elaborado 502 cigarrillos, a un precio de $286.36.
Fuente: Centros Judiciales
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
