Judicial
Encuentran marihuana al interior de bolsas de cereal que transportaba una mujer
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Maritza Lisseth C., de 32 años, por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Durante la audiencia preliminar, la Jueza ratificó las medidas alternas a la detención provisional de las que goza la imputada. El control de estas medidas continuará siendo monitoreado por medio del sistema de vigilancia electrónica (brazalete con movimientos geográficos).
Los hechos por los que está siendo procesada ocurrieron el 10 de julio del año 2019, cuando agentes de la subdelegación fronteriza de San Cristóbal, en Candelaria de la Frontera, realizaban un control vehicular en el Kilómetro 95 de la carretera Panamericana, frente al predio OIRSA, del cantón Piedras Azules.
De acuerdo con los agentes captores, de manera rutinaria hicieron señal de alto a un autobús del transporte colectivo de la ruta 236; luego, comenzaron a hacer una requisa selectiva de pasajeros, observando que casi al final de la unidad había una mujer que tenía en sus piernas una cartera negra y se mostró nerviosa ante la presencia policial, por lo que un agente le solicitó revisar su cartera y ella accedió.
En el interior, el policía encontró una bolsa de cereal sellada, pero al sentir su peso le pareció sospechoso, por lo que revisó su contenido y observó tres porciones medianas de material sospechoso envueltas con papel aluminio.
La mujer fue llevada a la División Antinarcóticos (DAN) y al hacerle la prueba de campo al material vegetal que iba dentro de los paquetes de aluminio determinaron que se trataba de droga marihuana, cuyo peso fue de 251.2 gramos, con los cuales se pudieron haber elaborado 502 cigarrillos, a un precio de $286.36.
Fuente: Centros Judiciales
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
