Judicial
Encuentran marihuana al interior de bolsas de cereal que transportaba una mujer
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Maritza Lisseth C., de 32 años, por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Durante la audiencia preliminar, la Jueza ratificó las medidas alternas a la detención provisional de las que goza la imputada. El control de estas medidas continuará siendo monitoreado por medio del sistema de vigilancia electrónica (brazalete con movimientos geográficos).
Los hechos por los que está siendo procesada ocurrieron el 10 de julio del año 2019, cuando agentes de la subdelegación fronteriza de San Cristóbal, en Candelaria de la Frontera, realizaban un control vehicular en el Kilómetro 95 de la carretera Panamericana, frente al predio OIRSA, del cantón Piedras Azules.
De acuerdo con los agentes captores, de manera rutinaria hicieron señal de alto a un autobús del transporte colectivo de la ruta 236; luego, comenzaron a hacer una requisa selectiva de pasajeros, observando que casi al final de la unidad había una mujer que tenía en sus piernas una cartera negra y se mostró nerviosa ante la presencia policial, por lo que un agente le solicitó revisar su cartera y ella accedió.
En el interior, el policía encontró una bolsa de cereal sellada, pero al sentir su peso le pareció sospechoso, por lo que revisó su contenido y observó tres porciones medianas de material sospechoso envueltas con papel aluminio.
La mujer fue llevada a la División Antinarcóticos (DAN) y al hacerle la prueba de campo al material vegetal que iba dentro de los paquetes de aluminio determinaron que se trataba de droga marihuana, cuyo peso fue de 251.2 gramos, con los cuales se pudieron haber elaborado 502 cigarrillos, a un precio de $286.36.
Fuente: Centros Judiciales
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
