Judicial
Dos sujetos que asaltaron a pasajeros de la ruta 26 con un arma de juguete son condenados
El Salvador Times / El pasado 13 de agosto, Saraí G. abordó el microbús del transporte colectivo de la ruta 26 a eso de la 1:00 de la tarde. Como ella, Bryan R., un menor de edad, también iba a bordo de la unidad que se desplazaba sobre el centro de San Salvador.
Cuando el transporte se desplazaba sobre la avenida España y la 13 calle Poniente, dos sujetos decidieron asaltar a los dos pasajeros antes mencionados, quienes no se conocían pero el proceso judicial abrió el paso para que lo hicieran.
Moisés Rosa Pineda y Ernesto Gómez Gómez fueron los sujetos que las víctimas lograron identificar en los juzgados como los implicados en el hecho.
El primer sujeto se dirigió hacia Saraí, se sentó a la par de ella y luego de mostrarle un arma que guardaba en el interior de una mariconera la amenazó a muerte de no entregarle el teléfono celular.
Para conservar su vida, la mujer le entregó el aparato móvil valorado en $81. Simultáneamente, el menor de edad fue despojado de su celular, mismo que fue solicitado por Rosa Pineda.
Lo que no supo Saraí en ese momento es que el arma con la que fue amenazada era de juguete. Se enteró de ello luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieran a ambos sujetos en el interior de un restaurante de comida rápida, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II, luego de que escaparan a bordo de un bus de la ruta 2 tras el asalto.
Los policías realizaron una revisión a los detenidos y les encontraron ocho celulares y un total de $115, además del arma de juguete.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los dos sujetos por el delito de robo agravado y receptación. La jueza del Tribunal 1° de Sentencia escuchó a los testigos de cargo, un agente policial y a Saraí –Bryan no llegó a declarar-, y valoró las pruebas presentadas, por lo que impuso una pena de ocho años de prisión por la primera falta; por la segunda, los absolvió.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
