Judicial
Dos sujetos que asaltaron a pasajeros de la ruta 26 con un arma de juguete son condenados
El Salvador Times / El pasado 13 de agosto, Saraí G. abordó el microbús del transporte colectivo de la ruta 26 a eso de la 1:00 de la tarde. Como ella, Bryan R., un menor de edad, también iba a bordo de la unidad que se desplazaba sobre el centro de San Salvador.
Cuando el transporte se desplazaba sobre la avenida España y la 13 calle Poniente, dos sujetos decidieron asaltar a los dos pasajeros antes mencionados, quienes no se conocían pero el proceso judicial abrió el paso para que lo hicieran.
Moisés Rosa Pineda y Ernesto Gómez Gómez fueron los sujetos que las víctimas lograron identificar en los juzgados como los implicados en el hecho.
El primer sujeto se dirigió hacia Saraí, se sentó a la par de ella y luego de mostrarle un arma que guardaba en el interior de una mariconera la amenazó a muerte de no entregarle el teléfono celular.
Para conservar su vida, la mujer le entregó el aparato móvil valorado en $81. Simultáneamente, el menor de edad fue despojado de su celular, mismo que fue solicitado por Rosa Pineda.
Lo que no supo Saraí en ese momento es que el arma con la que fue amenazada era de juguete. Se enteró de ello luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieran a ambos sujetos en el interior de un restaurante de comida rápida, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II, luego de que escaparan a bordo de un bus de la ruta 2 tras el asalto.
Los policías realizaron una revisión a los detenidos y les encontraron ocho celulares y un total de $115, además del arma de juguete.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los dos sujetos por el delito de robo agravado y receptación. La jueza del Tribunal 1° de Sentencia escuchó a los testigos de cargo, un agente policial y a Saraí –Bryan no llegó a declarar-, y valoró las pruebas presentadas, por lo que impuso una pena de ocho años de prisión por la primera falta; por la segunda, los absolvió.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
