Judicial
Dos sujetos que asaltaron a pasajeros de la ruta 26 con un arma de juguete son condenados
El Salvador Times / El pasado 13 de agosto, Saraí G. abordó el microbús del transporte colectivo de la ruta 26 a eso de la 1:00 de la tarde. Como ella, Bryan R., un menor de edad, también iba a bordo de la unidad que se desplazaba sobre el centro de San Salvador.
Cuando el transporte se desplazaba sobre la avenida España y la 13 calle Poniente, dos sujetos decidieron asaltar a los dos pasajeros antes mencionados, quienes no se conocían pero el proceso judicial abrió el paso para que lo hicieran.
Moisés Rosa Pineda y Ernesto Gómez Gómez fueron los sujetos que las víctimas lograron identificar en los juzgados como los implicados en el hecho.
El primer sujeto se dirigió hacia Saraí, se sentó a la par de ella y luego de mostrarle un arma que guardaba en el interior de una mariconera la amenazó a muerte de no entregarle el teléfono celular.
Para conservar su vida, la mujer le entregó el aparato móvil valorado en $81. Simultáneamente, el menor de edad fue despojado de su celular, mismo que fue solicitado por Rosa Pineda.
Lo que no supo Saraí en ese momento es que el arma con la que fue amenazada era de juguete. Se enteró de ello luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieran a ambos sujetos en el interior de un restaurante de comida rápida, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II, luego de que escaparan a bordo de un bus de la ruta 2 tras el asalto.
Los policías realizaron una revisión a los detenidos y les encontraron ocho celulares y un total de $115, además del arma de juguete.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los dos sujetos por el delito de robo agravado y receptación. La jueza del Tribunal 1° de Sentencia escuchó a los testigos de cargo, un agente policial y a Saraí –Bryan no llegó a declarar-, y valoró las pruebas presentadas, por lo que impuso una pena de ocho años de prisión por la primera falta; por la segunda, los absolvió.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
