Judicial
Doctor de hospital Zacamil es acusado de estafar con $215,000 a colega, a quien le prometía hacerlo presidente de una empresa
Un doctor del hospital Zacamil es acusado de estafar a uno de sus colegas después de prometerle hacerlo presidente de una empresa, la cual se dedicaría a la venta de insumos médicos. Pasaron los años y la víctima no observó el fruto de la inversión.
Todo comenzó en 2004 cuando el doctor Jorge D. conoció a Mario (nombre modificado por seguridad), quien era un anestesista con el cual congenió desde un inicio cuando ambos trabajaban en el hospital Zacamil. Cada día que pasaba la relación no era simplemente laboral sino personal, se habían convertido en buenos amigos hasta el punto que Jorge siempre lo llamaba como “hermano”.
En una de las pláticas el médico le dijo que tenía pensado en realizar un nuevo proyecto, pero que para esto necesitaba una persona de confianza y por lo cual le pidió a Mario que fuera socio de la empresa, pero él se negó en varias ocasiones. “Como médico debes de invertir”, le dijo Jorge con insistencia, según consta en el expediente judicial del caso.
En 2011 el Jorge y Mario se reunieron para desayunar junto con su familia. Ahí llegó su hermano, Carlos D, quien se presentó como administrador de empresas y le dijo que era presidente de MEDIS INDUSTRIES, una empresa dedicada a la venta de insumos médicos y que “era una de las más exitosas”, ya que ganaba varias licitaciones en el hospital de Maternidad.
En ese mismo momento Carlos le presentó a su esposa, quien también pertenecía a la sociedad.
Los tres en ese momento le dijeron que varios doctores se habían hecho socios e incrementado sus ganancias. “¡Maestro invierta!”, exclamó Jorge, según el expediente judicial. “Con nosotros no va a perder porque somos amigos, somos hermanos”, le dijo.
Él explicó que construirían una nueva sociedad denominada “Mediclínicas Centroamérica”, donde estaría su hermano, su esposa, él y otros amigos y que no debía preocuparse, ya que su “hermano (Jorge) era bien ordenado con sus finanzas”.
“Serás el director presidente de la sociedad”, le indicó Jorge. Esas palabras terminaron de convencer a Mario, que después siete años de insistencia optó por formar parte de la sociedad.
El 30 de marzo de 2011 se reunieron para firmar la constitución de la sociedad, pero el hermano de Jorge no llegó a dicha reunión, lo cual le pareció extraño.
Sin embargo, el doctor le explicó que era parte de la estrategia porque está en otra empresa y que para seguir ganando las licitaciones no podía estar inscrito en esta nueva empresa. Después de legalizar el documento, no le dieron ninguna copia a Mario.
Las primeras entregas para inversión
El 25 de noviembre de 2011, Jorge se le acercó y le dijo que debía de entregar $25,000 como capital semilla para comenzar los trabajos en la empresa e inmediatamente se los dio. Sin embargo, el doctor le explicó que recibiría el 5% de las ganancias generadas, fue un buen comienzo y él no sospecho nada del negocio.
El expediente judicial señala que fue ya entre febrero y marzo de 2012 cuando Jorge se le acercó y le entregó, en distintas fechas, una serie de cinco cheques que sumaban $31,200 como el fruto de la primera inversión.
Sin embargo, él imputado le dijo que no los cambiara porque debía de esperar hasta el último. Mario se sentía emocionado porque había recuperado la inversión y había ganado $6,000.
Emocionado se dirigió al banco para poder cambiarlos, pero el personal de la agencia le informó que los cheques no tenían fondos por lo que no le podían entregar el dinero. Molesto por lo sucedido se reunió con sus socios, quienes en el afán de tranquilizarlo le entregaron otro cheque por $1,250.
“No estamos actuando de mala fe. Todo esto lo estamos haciendo para engordar la sociedad”, le dijo con la intensión de animarlo a seguir en el negocio. Mario le dio el beneficio de la duda y siguió con la idea de ser parte de la empresa.
Las peticiones urgentes de “capital semilla” se hacían más frecuentes y a Mario siempre le tocaba invertir con la esperanza de que dieran buenos resultados.
Los montos solicitados por Jorge ascendían desde los $20,000 a $50,000 e incluso hasta los $120,000. Ya estaba cansado de que los hermanos le pidieran dinero y lo único que recibía eran cheques sin fondos.
“Mire maestro no se preocupe lo que pasa es que el dinero lo estamos ocupando en este negocio, pero usted tranquilo. Le estoy dando cheques para su tranquilidad”, le insistió una y otra vez Jorge.
Para llevar el negocio en paz, Jorge le entregó nuevamente dos cheques: uno de $50,000 y otro por $20,000; pero siempre le sugirió no cambiarlos y le reafirmo que el dinero sí estaba dentro de las cuentas de la empresa. Mario volvió a confiar en él.
La denuncia
Ya en 2014, las cosas se fueron tornando oscuras para Mario porque todo el dinero que había invertido en dicha sociedad no estaba surgiendo efecto y su dinero se estaba acabando.
En enero de ese mismo año, Jorge le entregó otro cheque por $8,000; pero esta vez no era dinero procedente de la empresa en la que estaba inscrita sino de MEDIS INSTRIES, la empresa del hermano, lo que le pareció sospechoso. Fue al banco y nuevamente le exponen que no contaba con fondos suficientes a lo que su colega le dijo: “Es un mal entendido”.
Ya cansado del juego de los dos hermanos, decidió afrontarlos para pedirle explicaciones, pero no recibía más que excusas o simplemente lo ignoraban. “Sus empleados me decían que estaban afuera de San Salvador o en reuniones o en la aduana”, dijo molesto Mario al momento de su declaración.
Un día ambos amigos se encontraron en el hospital y se pusieron a discutir “Mire Dr. Haga lo que tenga que hacer, me tiene sin cuidado. Si me sigue jodiendo lo voy a denunciar por acoso”, le dijo Jorge ante la insistencia del hombre a quien una vez lo llamo “hermano”.
A finales del 2014, él se enteró de que el hermano de su colega, Carlos y su esposa habían sido arrestados por los delitos de estafa y falsedad material.
Mario ese mismo día se dio cuenta que por tres años él había sido una víctima por lo cual decidió interponer una denuncia en contra del doctor Jorge y su hermano por el delito de estafa. Él entregó a los dos hermanos la suma de $215,000 y ellos le entregaron $40,450 en cheques «rebotones».
Será el Tribunal Primero de Sentencia, quien determinará la responsabilidad penal de los dos hermanos que por más de tres años mantuvieron una supuesta sociedad con su colega.
Por: El Salvador Times
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
