Judicial
Denuncian penalmente a empresa de Salume y exalcalde Roberto d’Aubuisson por fraudes en licitaciones
Tomado de La Noticia SV
El abogado ambientalista, Lic. Edgar Lemus, interpuso un aviso penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de la Sociedad integral de Desechos: Ciudad y Puerto de La Libertad, “S.E.M de C.V”, o “Pul SEM. de C.V, mejor conocida como PULSEM, empresa representada legalmente por Nicolás Adriano Salume Pacas, quien es acusado por diversos delitos de falsedad y malversación de fondos públicos.
El aviso interpuesto por el abogado Edgar Lemus, también es en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d´Abuisson y su Concejo Municipal, por cometer delitos, en contra de las finanzas del Estado.
“Se les está acusando de varios delitos, contra las finanzas del estado, porque es el estado el que ha sido afectado, por ejemplo, contra la fe pública, contra la administración pública, contra las finanzas municipales”, expresó el abogado, Edgar Lemus, en una entrevista para La Noticia SV.
Asimismo, comunicó que lo que se busca con el aviso penal es que las personas sean investigadas y procesadas bajo la Ley, en base a los delitos denunciados en reiteradas ocasiones. También solicita que se reintegre todo lo defraudado en contra del Estado.
“Que considere la fiscalía qué tipo de acción penal solicitar, si es necesario imposición de medidas claras, como la detención pues que se haga. Pero lo principal es que se le reintegre todo lo defraudado a estas instituciones públicas”, agregó el abogado Lemus.
En el aviso penal, en base a las pruebas presentadas, se detalla que la incidencia penal tiene relación directa con los siguientes bienes jurídicos:
- La fe pública
- La administración pública
- Las finanzas municipales, de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, departamento de La Libertad
- Las finanzas públicas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Según denuncias anteriores, la empresa de Salume presentó una oferta afirmando que contaba con un permiso ambiental suficiente para darle tratamiento a unas 120 o 190 toneladas de basura producida diariamente en el municipio de Santa Tecla, pero en realidad solo se contaba con un permiso para operar un botadero mixto con una capacidad, legalmente, para disponer un máximo de 42 toneladas de basura en el sitio.
En este sentido, el exalcalde Roberto d´Abuisson, favoreció de manera fraudulenta a Salume con los contratos. “Porque el deber del alcalde era actuar de buena fe y sabiendo que, si se estaba actuando de mala fe, de parte de la sociedad (PULSEM), tenía que poner sus buenas funciones a favor de la municipalidad”, enfatizó Lemus.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
