Judicial
Denuncian penalmente a empresa de Salume y exalcalde Roberto d’Aubuisson por fraudes en licitaciones
Tomado de La Noticia SV
El abogado ambientalista, Lic. Edgar Lemus, interpuso un aviso penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de la Sociedad integral de Desechos: Ciudad y Puerto de La Libertad, “S.E.M de C.V”, o “Pul SEM. de C.V, mejor conocida como PULSEM, empresa representada legalmente por Nicolás Adriano Salume Pacas, quien es acusado por diversos delitos de falsedad y malversación de fondos públicos.
El aviso interpuesto por el abogado Edgar Lemus, también es en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d´Abuisson y su Concejo Municipal, por cometer delitos, en contra de las finanzas del Estado.
“Se les está acusando de varios delitos, contra las finanzas del estado, porque es el estado el que ha sido afectado, por ejemplo, contra la fe pública, contra la administración pública, contra las finanzas municipales”, expresó el abogado, Edgar Lemus, en una entrevista para La Noticia SV.
Asimismo, comunicó que lo que se busca con el aviso penal es que las personas sean investigadas y procesadas bajo la Ley, en base a los delitos denunciados en reiteradas ocasiones. También solicita que se reintegre todo lo defraudado en contra del Estado.
“Que considere la fiscalía qué tipo de acción penal solicitar, si es necesario imposición de medidas claras, como la detención pues que se haga. Pero lo principal es que se le reintegre todo lo defraudado a estas instituciones públicas”, agregó el abogado Lemus.
En el aviso penal, en base a las pruebas presentadas, se detalla que la incidencia penal tiene relación directa con los siguientes bienes jurídicos:
- La fe pública
- La administración pública
- Las finanzas municipales, de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, departamento de La Libertad
- Las finanzas públicas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Según denuncias anteriores, la empresa de Salume presentó una oferta afirmando que contaba con un permiso ambiental suficiente para darle tratamiento a unas 120 o 190 toneladas de basura producida diariamente en el municipio de Santa Tecla, pero en realidad solo se contaba con un permiso para operar un botadero mixto con una capacidad, legalmente, para disponer un máximo de 42 toneladas de basura en el sitio.
En este sentido, el exalcalde Roberto d´Abuisson, favoreció de manera fraudulenta a Salume con los contratos. “Porque el deber del alcalde era actuar de buena fe y sabiendo que, si se estaba actuando de mala fe, de parte de la sociedad (PULSEM), tenía que poner sus buenas funciones a favor de la municipalidad”, enfatizó Lemus.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
