Judicial
Denuncian penalmente a empresa de Salume y exalcalde Roberto d’Aubuisson por fraudes en licitaciones
Tomado de La Noticia SV
El abogado ambientalista, Lic. Edgar Lemus, interpuso un aviso penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de la Sociedad integral de Desechos: Ciudad y Puerto de La Libertad, “S.E.M de C.V”, o “Pul SEM. de C.V, mejor conocida como PULSEM, empresa representada legalmente por Nicolás Adriano Salume Pacas, quien es acusado por diversos delitos de falsedad y malversación de fondos públicos.
El aviso interpuesto por el abogado Edgar Lemus, también es en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d´Abuisson y su Concejo Municipal, por cometer delitos, en contra de las finanzas del Estado.
“Se les está acusando de varios delitos, contra las finanzas del estado, porque es el estado el que ha sido afectado, por ejemplo, contra la fe pública, contra la administración pública, contra las finanzas municipales”, expresó el abogado, Edgar Lemus, en una entrevista para La Noticia SV.
Asimismo, comunicó que lo que se busca con el aviso penal es que las personas sean investigadas y procesadas bajo la Ley, en base a los delitos denunciados en reiteradas ocasiones. También solicita que se reintegre todo lo defraudado en contra del Estado.
“Que considere la fiscalía qué tipo de acción penal solicitar, si es necesario imposición de medidas claras, como la detención pues que se haga. Pero lo principal es que se le reintegre todo lo defraudado a estas instituciones públicas”, agregó el abogado Lemus.
En el aviso penal, en base a las pruebas presentadas, se detalla que la incidencia penal tiene relación directa con los siguientes bienes jurídicos:
- La fe pública
- La administración pública
- Las finanzas municipales, de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, departamento de La Libertad
- Las finanzas públicas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Según denuncias anteriores, la empresa de Salume presentó una oferta afirmando que contaba con un permiso ambiental suficiente para darle tratamiento a unas 120 o 190 toneladas de basura producida diariamente en el municipio de Santa Tecla, pero en realidad solo se contaba con un permiso para operar un botadero mixto con una capacidad, legalmente, para disponer un máximo de 42 toneladas de basura en el sitio.
En este sentido, el exalcalde Roberto d´Abuisson, favoreció de manera fraudulenta a Salume con los contratos. “Porque el deber del alcalde era actuar de buena fe y sabiendo que, si se estaba actuando de mala fe, de parte de la sociedad (PULSEM), tenía que poner sus buenas funciones a favor de la municipalidad”, enfatizó Lemus.
El Tribunal Quinto de Sentencia finalizó el juicio que la Fiscalía General de la República le promueve al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios, acusados de retener y apropiarse de $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Al dar por cerrados los debates, los jueces convocaron a fiscales y defensores para dar a conocer el fallo, el próximo viernes 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.
La Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de una sentencia condenatoria para los cuatro imputados.
Para el exalcalde han pedido una condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Al extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, el ministerio público pretende que se le impongan 20 años por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
En el caso de Francisco José Rivera Chacón, acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales solicitaron 16 años y 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González.
Son señalados de afectar a 45 trabajadores de la municipalidad, para lo cual presentaron testigos quienes dijeron que hubo constantes pedidos de desembolsos de fondos para pagar cuotas previsionales y de crédito que los empleados tenían en bancos, pero nunca se hizo la transferencia, pese a que se retuvo los descuentos en las planillas.
Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.
Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.
Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.
Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.
Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
