Judicial
Delincuentes hacían amistad con empleados de sus víctimas y así lograron robar más de $150,000
Ocho miembros de una banda de asaltantes pagarán en prisión luego de ser condenados por el robo de unos $150,000 que lograron atracar en diferentes golpes; otros miembros de la estructura, sin embargo, no lograron ser condenados debido a que el testigo criteriado que ayudó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar con ellos fue asesinado mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Además de los condenados, la Fiscalía acusó a otros ocho supuestos ladrones, pero solo uno fue capturado y quedó en libertad tras el fallo del Juzgado Especializado de Sentencia «A»; los demás ni siquiera fueron detenidos.
El sobreseído es Enrique M., quien se libró de la cárcel al no haber testigos que lo incriminaran.
Según se conoció durante el proceso, el informante de la Fiscalía, de clave “España”, fue asesinado aparentemente por los miembros de la banda que no fueron detenidos, lo que frenó su colaboración.
Antes de ser asesinado, “España” relató que la forma de operar de los asaltantes era acercarse a empleados de sus víctimas y ganarse su confianza; una vez logrado ese primer objetivo, eran los mismos empleados quienes daban pistas a los ladrones para concretar los robos que fueron de varios miles de dólares.
Los golpes
En 2009 los 16 sujetos se reúnen por primera vez para comenzar una carrera delincuencial que parecía de película, el objetivo era dar grandes golpes que les significaran dinero fácil, rápido y en cantidades considerables.
En diciembre de ese mismo año ya habían puesto la mirilla en una lujosa vivienda de una colonia de San Salvador; su cómplice sería una empleada del servicio doméstico que les dio la información sobre los bienes de la familia, las rutinas que tenían, los lugares donde guardaban sus pertenencias, entre otros aspectos.
Con esa información, los hampones eligieron el día para el atraco, lograron ingresar a la residencia y una vez adentro neutralizaron a los familiares, a quienes obligaron a abrir la caja fuerte. El botín, cerca de $100,000 en efectivo y varias joyas de gran valor.
Para abril siguiente planificaron un segundo asalto, esta vez en una casa de préstamos y remesadora en la que había presencia de un empleado del Banco Agrícola, quien trabajaba como colector o cajero, fue él quien se convirtió en cómplice y les dio detalles del número de empleados, la forma de operar en esa institución, la ubicación de la caja fuerte, entre otras.
El cómplice les explicó los días que había un mayor flujo de dinero y la hora en la que el equipo de vigilantes estaba más expuesto para poder realizar el asalto. Los sujetos lograron dar el golpe y llevarse unos $15,000.
En junio del mismo año, el objetivo de los asaltantes cambió un poco. Esa vez buscaban conseguir armas para fortalecer su estructura, por lo que decidieron asaltar una armería, aunque en este caso no contaron con informantes.
Los sujetos que en un primer momento se presentaron como clientes verificaron que en el negocio solo había un vigilante, lo que les permitió someterlo fácilmente para llevarse equipo armamentístico valorado en $40,000.
La operatividad de la estructura llegó hasta diciembre de 2010, cuando intentaron asaltar un camión blindado de la empresa Sersaprosa en la cabecera departamental de Santa Ana.
Uno de los vigilantes de la empresa era el contacto en este golpe, él les proporcionó el itinerario del recorrido del carro de valores, pero en esa ocasión algo falló.
Captura y muerte de uno de los asaltantes
En los momentos en los que los delincuentes intentaban asaltar el camión, había en la zona otro equipo de agentes de la empresa realizando labores en un cajero automático; al saber del ataque a sus compañeros, salieron en su auxilio y evitaron el robo, pero además lograron herir y capturar en flagrancia a uno de los asaltantes.
Desde entonces, el sujeto se transformó en “España”, el testigo clave que ayudaría a capturar a sus compinches a cambio de una reducción de su pena. El hombre colaboró con los fiscales y eso devino en la captura de ocho asaltantes de la banda.
No obstante, los imputados identificaron a “España” y los delincuentes que quedaban libres lo borraron del camino. El fiscal a cargo del caso explicó que hace un año y medio “España” fue asesinado en un confuso hecho que es investigado por la FGR.
La muerte del criteriado evitó seguir ahondando en la investigación, por lo que solo la mitad de la banda fue condenada. Otras ocho personas implicadas en el caso serán sobreseídas por falta de pruebas.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
