Judicial
Declaran improcedente demanda de inconstitucionalidad de la denuncia del TLC entre Taiwán y El Salvador
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por seis ciudadanos sobre la denuncia (anulación) del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de China (Taiwán) y El Salvador.
De acuerdo a lo comunicado por la Sala, esta carece de competencia material y de elementos suficientes para enjuiciar los actos que los demandantes cuestionan, pues el tratado de libre comercio no es una aplicación directa de la Constitución.
Los magistrados de la Sala aseguran que las condiciones formales y materiales de este TLC no están reconocidas de forma inmediata en la Constitución de la República salvadoreña, por lo que no pueden determinar la ilegalidad de este acuerdo comercial.
Los denunciantes, identificados como Juan Francisco Guillén, Oscar Orellana, Jorge Zelaya, Víctor Orellana, Mario Rodríguez y Francisco Javier Argueta, buscaban la inconstitucionalidad por vicio y forma del contenido, mismo que fue suscrito el 7 de mayo de 2007.
Según los demandantes, en el tratado hay una violación de unos artículos de la Constitución: el dos, 102, los ordinales 5° y 6° del 131, 142 y del artículo 144.
Desde que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán, la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) y diversos gremios del sector azucarero se mostraron preocupados al desconocer si se mantendría el TLC con Taiwán.
Para formar tranquilidad entre los empresarios, la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, informó que siempre se mantendría el Tratado.
Por: El Salvador Times.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
