Judicial
Condenan de siete años cárcel para policía que hurtó un arma de fuego
Siete años en la cárcel deberá cumplir un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser encontrado responsable penalmente por haber hurtado un arma de fuego que se encontraba en análisis en el laboratorio de esa corporación, informaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), esta mañana de martes.
Según miembros de la FGR, a Alexander Cortez López se le procesó por los delitos de tenencia portación o conducción ilegal de arma de fuego y receptación.
Las fiscales del caso demostraron en juicio que el imputado, al momento de los hechos, prestaba sus servicios en la División de la Policía Técnica y Científica, Sección Balística de la PNC, en cuyas instalaciones habían desaparecido algunas armas que se encontraban bajo experticia o análisis tras haber sido incautadas en diferentes procedimientos.
De acuerdo con las investigaciones, fueron los mismos oficiales de esa división quienes lograron ubicar una de las armas en poder Cortez López, luego de que él mismo insinuó que “tenía una de las supuestas armas, pero que la había obtenido por otro agente”.
Fue así como acordaron encontrarse en una gasolinera en Santa Ana y posteriormente llevó a los investigadores hasta su vivienda en donde entregó la referida pistola.
“Es un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 especial, cañón largo, marca Amadeo Rossi, de fabricación brasileña, pavón blanco deteriorado, cacha de madera, cubierta de cinta aislante color negro, serie ilegible”, se indicó en parte de la prueba pericial entregada al juez y la cual fue validada.
Con todos los elementos expuestos por las fiscales, el juzgador emitió el fallo condenatorio al finalizar el juicio y lo declaró autor directo por ambos ilícitos, imponiéndose tres años y medio por cada acción, haciendo un total siete años los que pasará encarcelado.
Por: El Blog.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
