Judicial
Condenan de siete años cárcel para policía que hurtó un arma de fuego
Siete años en la cárcel deberá cumplir un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser encontrado responsable penalmente por haber hurtado un arma de fuego que se encontraba en análisis en el laboratorio de esa corporación, informaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), esta mañana de martes.
Según miembros de la FGR, a Alexander Cortez López se le procesó por los delitos de tenencia portación o conducción ilegal de arma de fuego y receptación.
Las fiscales del caso demostraron en juicio que el imputado, al momento de los hechos, prestaba sus servicios en la División de la Policía Técnica y Científica, Sección Balística de la PNC, en cuyas instalaciones habían desaparecido algunas armas que se encontraban bajo experticia o análisis tras haber sido incautadas en diferentes procedimientos.
De acuerdo con las investigaciones, fueron los mismos oficiales de esa división quienes lograron ubicar una de las armas en poder Cortez López, luego de que él mismo insinuó que “tenía una de las supuestas armas, pero que la había obtenido por otro agente”.
Fue así como acordaron encontrarse en una gasolinera en Santa Ana y posteriormente llevó a los investigadores hasta su vivienda en donde entregó la referida pistola.
“Es un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 especial, cañón largo, marca Amadeo Rossi, de fabricación brasileña, pavón blanco deteriorado, cacha de madera, cubierta de cinta aislante color negro, serie ilegible”, se indicó en parte de la prueba pericial entregada al juez y la cual fue validada.
Con todos los elementos expuestos por las fiscales, el juzgador emitió el fallo condenatorio al finalizar el juicio y lo declaró autor directo por ambos ilícitos, imponiéndose tres años y medio por cada acción, haciendo un total siete años los que pasará encarcelado.
Por: El Blog.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
