Judicial
Condenan de siete años cárcel para policía que hurtó un arma de fuego
Siete años en la cárcel deberá cumplir un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser encontrado responsable penalmente por haber hurtado un arma de fuego que se encontraba en análisis en el laboratorio de esa corporación, informaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), esta mañana de martes.
Según miembros de la FGR, a Alexander Cortez López se le procesó por los delitos de tenencia portación o conducción ilegal de arma de fuego y receptación.
Las fiscales del caso demostraron en juicio que el imputado, al momento de los hechos, prestaba sus servicios en la División de la Policía Técnica y Científica, Sección Balística de la PNC, en cuyas instalaciones habían desaparecido algunas armas que se encontraban bajo experticia o análisis tras haber sido incautadas en diferentes procedimientos.
De acuerdo con las investigaciones, fueron los mismos oficiales de esa división quienes lograron ubicar una de las armas en poder Cortez López, luego de que él mismo insinuó que “tenía una de las supuestas armas, pero que la había obtenido por otro agente”.
Fue así como acordaron encontrarse en una gasolinera en Santa Ana y posteriormente llevó a los investigadores hasta su vivienda en donde entregó la referida pistola.
“Es un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 especial, cañón largo, marca Amadeo Rossi, de fabricación brasileña, pavón blanco deteriorado, cacha de madera, cubierta de cinta aislante color negro, serie ilegible”, se indicó en parte de la prueba pericial entregada al juez y la cual fue validada.
Con todos los elementos expuestos por las fiscales, el juzgador emitió el fallo condenatorio al finalizar el juicio y lo declaró autor directo por ambos ilícitos, imponiéndose tres años y medio por cada acción, haciendo un total siete años los que pasará encarcelado.
Por: El Blog.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
