Judicial
Condenan a policía por violencia intrafamiliar y amenazas
Cansada de sufrir maltratos físicos y verbales e incluso amenazas a muerte, una mujer se armó de valor y denunció a su agresor que resultó ser un miembro de la PNC y el cual fue condenado a cuatro años de prisión.
El imputado fue identificado como Óscar Daniel Martínez posada, destacado en la Unidad de Emergencia 911 de San Salvador.
Según fiscales de la oficina de Zaragoza los hechos se dieron en la bocana San Diego, en el Puerto de La Libertad, en donde el agente policial agredía a su víctima.
Según la mujer fue entre los años de 2016 a 2018 que sufrió múltiples agresiones, pero no procedía a denunciar debido a que el individuo la amenazaba con asesinarla con su arma de equipo y contaba lo que sufría en su hogar.
La representación fiscal lo acusó por los delitos de violencia intrafamiliar y amenazas agravadas, recibiendo una condena de cuatro años, uno por la violencia y tres por las amenazas.
Además, se confinó a cancelar la cantidad de US $400 en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Procesan a jefe que dirigió palabras despectivas sobre su físico y vestimenta a una empleada
Un jefe está siendo procesado por la justicia salvadoreña luego que se dirigió con palabras despectivas sobre su físico y vestimenta a una empleada, en San Salvador, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES).
CJES detalló que el caso fue atendido por el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango, instancia que ordenó que este pase a un Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
El imputado responde al nombre de Ronal B. M., de 36 años de edad, quien está siendo procesado por el cargo de expresiones de violencia contra las mujeres.
“Presuntamente, el acusado, aprovechándose de su posición de jefe, agredió a una empleada de una empresa privada donde ambos trabajaban. Según la denuncia, entre 2021 y 2023, le dirigió palabras despectivas con respecto a su físico y vestimenta”, explicó CJES.
De esta manera, el proceso pasa a la etapa de instrucción para profundizar en las investigaciones sobre los hechos expuestos en el requerimiento fiscal.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
