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Condenan a 29 años de prisión a pandillero, por el delito de homicidio agravado de un joven en Santa Ana
Los fiscales de la Unidad de Vida del Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, acreditaran responsabilidad a un miembro de una estructura delincuencial, en los delitos de homicidio agravado y privación de libertad, en perjuicio de Enrique Antonio Morales Contreras de 18 años.
El delincuente fue identificado como Francisco Ismael Zetino García, a quien procedieron a dictarle una sentencia de 29 años de prisión.
Tras las pruebas ofertadas por los fiscales del caso durante la vista pública celebrada el 16 de junio de 2020, entre ellas, testimonio de testigos, evidencia pericial y documental, el imputado fue sentenciado a una pena de 29 años de cárcel por los delitos antes mencionados, ambos previstos y sancionados en los artículos 129 y 148 del Código Penal, respectivamente.
La declaración de un testigo protegido señala que el crimen se registró el 5 de mayo de 2018, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando la víctima realizaba trabajos agrícolas en el caserío El Sitio, cantó Los Apoyos, de la jurisdicción de Santa Ana, cuando se le acercaron varios sujetos, entre ellos Francisco Ismael Zetino García, el cual portaba un corvo y una escopeta, manifestándole; “por vos venimos”, posteriormente con el corvo le ocasión varias lesiones en diferentes partes del cuerpo hasta causarle la muerte.
En otro caso, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó recientemente a Luis Humberto R., de 42 años de edad por el delito de violación en perjuicio de una mujer de 36 años de edad, además, se le declaró responsable penalmente por el delito de violación en menor e incapaz en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad.
Por la primera víctima se le impuso una condena de 10 años de prisión; mientras que por la menor de edad deberá de purgar una pena de 20 años de cárcel.
En la misma causa también era procesado por los delitos de amenazas y lesiones, pero por ambos ilícitos fue absuelto de responsabilidad civil y penal, por lo que cesará la detención provisional por estos ilícitos. Sin embargo, su libertad no se hará efectiva en vista de las dos condenas impuestas por las dos violaciones.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
